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Robo de agua en sequía: la Justicia investiga dos casos y no hay detenidos o condenados 

A dos meses y medio de la modificación en la ley que permite que intervengan fiscales si alguien utiliza agua de los canales sin permiso, detectaron tres hechos en total. 

POR REDACCIÓN

13 de enero de 2022

En plena crisis hídrica, los productores están atentos a cualquier uso indebido del agua, ya que los turnos de riego están más alejados entre sí y la cantidad de agua que reciben también es menor. En octubre de 2021 surgió una propuesta para intentar solucionar la extracción ilegal de los canales: pedir la intervención de los fiscales de Flagrancia para conseguir condenas más rápidas. Lo cierto es que hasta el momento no hubo ningún fallo contra una persona que estuviera cometiendo el delito. 

El 28 de octubre Diputados aprobó la modificación de la ley de Emergencia Hídrica donde incluían esta modificación y poco después se reglamentó. Pero aunque la herramienta legal se puso en marcha, solo hubo tres casos en los que descubrieron una maniobra ilegal y en ninguno pudo intervenir la UFI de Flagrancia, confirmó a DIARIO HUARPE la fiscal coordinadora Virginia Branca. 

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Es que para que se esto suceda las autoridades deberían descubrir a alguien en el preciso momento en el que están colocando la bomba o ser vistos haciéndolo. En los tres casos con los que se encontraron hasta el momento, que llegaron como denuncias, no hubo detenidos que estuvieran cometiendo el delito de forma flagrante. 

Sin embargo, encontraron una manera de seguir adelante con el proceso judicial en el sistema acusatorio, que es más rápido: las causas pasaron a manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Este organismo puede seguir investigando con las pruebas recolectadas en el lugar. 

El primero de los hechos detectados avanzó en este sentido pero no hubo una condena. Según confirmaron desde la UFI Delitos Especiales, no pudieron probar en ese momento el delito y desestimaron la causa contra la persona que supuestamente estaba extrayendo agua que le correspondía a otro regante. Hubo otro hecho de características similares que todavía está en manos de la unidad fiscal y que podría avanzar en las próximas semanas a una condena. 

Este martes 12 encontraron nuevamente un finquero que desviaba agua para regar sus parrales, quitándole caudal a un productor cercano que tenía el turno. Como se viene realizando hasta ahora, primero llegó al lugar un fiscal de Flagrancia que al no poder detener a nadie declinó la competencia y pasó a manos de Delitos Especiales. 

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El fiscal Renato Roca, de esta última UFI, se hizo cargo de la misma y entrevistó a dos personas que serían trabajadores de la finca, quienes pudieron confirmar quién es el propietario de la misma, un hombre de apellido Agulles. La investigación seguirá su curso en los próximos días, mientras intentan probar la comisión del delito por parte del hombre. Mientras tanto no habrá detenidos, ya que las penas previstas son excarcelables. 

Usurpación de aguas, un delito histórico que quedó en el ojo de la tormenta 

Sacar agua del sistema de distribución de hidráulica cuando no se tiene derecho a hacerlo es una falta prevista en el Código de Agua provincial desde hace décadas. La maniobra tiene un impacto mucho mayor en épocas de sequía. Hoy en día, por la baja histórica del río, los productores tienen un turno de riego a cada 8 días y el caudal está por debajo de lo que muchos quieren o necesitan, por lo que tener a alguien más retirando aguas arriba de la finca les significa pérdidas en su producción. 

Si bien el delito existe prácticamente desde el mismo momento en que se creó el código, la modificación que hicieron en la Cámara de Diputados apuntaba a agilizar el proceso y desincentivar a quienes lo cometen. Es que históricamente son pocas o prácticamente nulas las veces en las que la Justicia condenó a alguien por desviar el agua de riego. 

A su vez, todo un proceso paralelo administrativo en la Dirección de Hidráulica en la cual se cobra una multa por haber retirado agua. Es que los regantes pagan un canon por el derecho a tener el recurso, por lo que además de un perjuicio productivo, sufren también uno económico. 

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