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Asamblea huarpe en Las Chacras por el conflicto territorial
Referentes de la comunidad huarpe de las Chacras confirmaron a DIARIO HUARPE que este sábado se llevó a cabo una asamblea vecinal para definir las estrategias legales y de defensa comunitaria ante los reiterados intentos de intereses privados paras quedarse con las tierras donde viven desde hace cientos de años.
“En estas tierras vivieron nuestros antepasados. Estas tierras son huarpe y no se las van a quedar”, dijo una de las referentes de la comunidad.
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Tras el descargo que hiciera la semana pasada en DIARIO HUARPE Mario Brizuela, la persona que fue denunciada por la comunidad de Las Chacras por amenaza y usurpación, los ánimos en la comunidad caucetera se encolerizaron e impulsaron la quita de todos los carteles de Propiedad Privada que Brizuela había puesto en diferentes lugares del campo.
“Que se vayan a poner carteles de propiedad privada al fondo de su casa” dijo otro habitante de Las Chacras. “Acá vivimos personas que no tienen la mentalidad de ellos que ven a la tierra como su pertenencia”.
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En el transcurso del día las familias deliberaron y definieron las medidas y pasos a seguir, ya que el señor Brizuela se ha instalado en el lugar.
Para la ocasión miembros de la comunidad Pinkanta junto a dos abogados viajaron a la localidad caucetera, ubicada a 140 kilómetros de Caucete centro, en la localidad de Marayes.
Sobre el territorio y la causa
El territorio del conflicto comprende unas 600 hectáreas, dentro de las cuales, a orillas del río de vertiente, viven 19 familias: 24 varones, 20 mujeres y 20 niños (10 mujeres y 10 varones). No obstante, por cuestiones de trabajo, salud y otras circunstancias viven fuera del territorio 13 hombres y 19 mujeres y 34 niños (19 niñas y 15 varones).
La comunidad tiene un título de posesión veinteañal del año '77 y todos comparten el territorio. Pero desde hace un tiempo vienen apareciendo abogados y particulares diciendo que son dueños de las tierras imponiéndoles condiciones de propiedad privada. Entre ellos Jorge Amarfíl, que fue denunciado penalmente por estafa a la comunidad huarpe en el 2019 (la causa estaría por elevarse a juicio); y Mario Brizuela, que según los miembros de la comunidad enfunda armas de fuego, pone carteles de propiedad privada y amenaza a las familias diciéndoles que pronto van a tener que pagarle por las pasturas que comen sus animales y por la leña que sacan del campo para cocinar y calentar los ranchos.