Extrabajadores de la EMA aceptan una indemnización en seis cuotas

Una noticia largamente esperada impacta en medio centenar de familias afectadas por el conflicto generado en la Electrometalúrgica Andina (EMA). Tras meses de incertidumbre, la empresa brasileña Sidertec y el Sindicato de los trabajadores Químicos lograron sellar un acuerdo que permite que cobren en seis cuotas los sueldos adeudados y el 50% de la indemnización.

Rubén Gordillo, secretario general del Sindicato Químico, fue quien confirmó a DIARIO HUARPE este avance al contar que “logramos que la empresa brasilera pague en seis cuotas los meses adeudados, que son cuatro, más el 50% de la indemnización", explicó Gordillo, reflejando el éxito de las negociaciones que se extendieron por semanas y contaron con la activa mediación de la Subsecretaría de Trabajo provincial.

La situación de la EMA, una fábrica de carburo de calcio y silicio, de profunda raigambre histórica e industrial en San Juan, comenzó a agravarse de manera perceptible desde diciembre de 2024, cuando los trabajadores empezaron a experimentar incumplimientos salariales. La crisis se precipitó con el anuncio formal de cierre de la empresa brasileña Sidertec, que administraba la planta, y la consecuente notificación de despidos que sacudió a las familias sanjuaninas hace ya varias semanas.

Inicialmente, la oferta presentada por Sidertec era considerablemente menos favorable y fue rechazada de plano por el sindicato y los empleados. La empresa proponía abonar el 50% de lo que correspondía legalmente en concepto de indemnización, y este pago se realizaría en 10 cuotas. Esta propuesta se sustentaba en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, una cláusula que permite pagos reducidos en situaciones excepcionales como casos de fuerza mayor o falta de trabajo. Sin embargo, la perspectiva de los trabajadores y del Sindicato era firme: exigían el 100% de la indemnización, tal como lo establece el artículo 245 de la misma ley, argumentando que las condiciones no justificaban la aplicación del artículo de pagos reducidos.

En este complejo escenario, la intervención de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, liderada por Franco Marchese, fue decisiva para encauzar el diálogo. Marchese, quien siguió de cerca el conflicto, había manifestado la posición inquebrantable de Sidertec de retirarse del país, lo que complicaba las negociaciones al plantear el pago del 50% según el artículo 247. Una de las principales inquietudes planteadas por el sindicato, y fundamental para que accedieran a cualquier tipo de negociación, era la falta de garantías de pago una vez que la empresa abandonara definitivamente el territorio argentino. El temor era que, al ser un pago en cuotas y considerando la partida de la compañía, no existiera un "arraigo real acá en el país" que asegurara la efectividad de los desembolsos.

Las extensas reuniones en la Subsecretaría permitieron, finalmente, modificar las condiciones iniciales. El acuerdo que 50 trabajadores han decidido aceptar representa una mejora sustancial respecto a la oferta original. No solo se garantiza el pago de cuatro meses de salarios que estaban adeudados, una cuestión vital para las economías familiares, sino que además el 50% de la indemnización acordada será abonado en seis cuotas, un esquema más concentrado y previsible que las diez cuotas planteadas inicialmente. Este resultado subraya la importancia del diálogo social y la mediación estatal en conflictos laborales de gran envergadura.

Sin embargo, la resolución no fue unánime. Gordillo también precisó que, a pesar de este importante avance, los restantes 20 trabajadores afectados optaron por no adherir a la propuesta de la empresa brasileña. Este grupo ha decidido continuar su reclamo por la vía judicial, buscando obtener el 100% de la indemnización y posiblemente otros resarcimientos que consideren justos. Esta división refleja la complejidad inherente a los despidos masivos y las distintas estrategias que los trabajadores pueden adoptar ante una crisis de esta magnitud.

Este acuerdo mayoritario, aunque no abarca a todos los afectados, representa un paso crucial hacia la resolución de una crisis que mantuvo en vilo a una parte importante de la fuerza laboral provincial.