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La Defensoría del Pueblo presentó un amparo para restituir las pensiones por discapacidad a los afectados
La Defensora del Pueblo de San Juan presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para dejar sin efecto la suspensión de pensiones por discapacidad.
POR REDACCIÓN
La Defensoría del Pueblo de San Juan presentó este viernes una acción judicial de amparo colectivo ante la Justicia Federal. La medida fue interpuesta contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El objetivo central es dejar sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez laboral que se empezaron a aplicar en la provincia a partir de abril de este año. La acción fue acompañada por un grupo de beneficiarios afectados.
El reclamo principal es que se restituyan de inmediato los haberes suspendidos. Además, la Defensoría solicitó a la Justicia que se adapten los procedimientos de auditoría a lo establecido tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales de derechos humanos.
Un punto clave del amparo es la solicitud de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024. La Defensoría argumenta que esta norma reinstauró criterios restrictivos que ya habían sido superados, lo cual representa un "retroceso en la protección de las personas con discapacidad".
La Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, destacó la gravedad de la situación. "No se trata solo de un trámite administrativo. Hablamos de personas que, de un día para el otro, quedaron sin su único ingreso para vivir", afirmó. Peñaloza subrayó que estas pensiones tienen carácter alimentario y su suspensión "pone en riesgo la salud, la vida y la dignidad de miles de familias sanjuaninas".
La funcionaria fue enfática al señalar que el Estado tiene la "obligación de garantizar derechos y no de vulnerarlos". Lo que se exige a la Justicia es que se frenen estas "medidas arbitrarias que profundizan la vulnerabilidad de quienes menos tienen".
El amparo incluye también una medida cautelar específica: que el Estado Nacional no dicte nuevas suspensiones mientras se desarrolle el proceso judicial.
Finalmente, la Defensora recordó que la "protección de las personas con discapacidad es un mandato constitucional y una responsabilidad internacional que la Argentina asumió", asegurando que no permitirán retrocesos en materia de derechos humanos. La Defensoría tomó nota de un antecedente relevante donde la Justicia de Misiones logró que se restituyeran las pensiones por discapacidad a cuatro ciudadanos misioneros.