A 30 años del caso que mató a 29 personas: ¿Qué hicieron con los vinos adulterados?

El 21 de febrero de 1993, el bodeguero Mario Arnoldo Torraga fue denunciado por adulterar vino y matar a 29 personas en todo el país. Por entonces, el empresario era dueño de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga S.A.

Según se determinó, el bodeguero añadió alcohol metílico en los vinos que ofrecía en las damajuanas identificadas con las marcas "Mansero" y "Soy Cuyano", consciente de que con esa acción adulteraría el producto para reducir costos.

Torraga, con esta maniobra, es posible que haya querido introducir alcohol etílico, pero estaba mezclado con metílico y provocó una cadena de muertes en distintas provincias. Hubo víctimas en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

El entonces presidente Carlos Menem clausuró la bodega ubicada en Caucete, que Torraga le había comprado a una cooperativa en un remate. El bodeguero, que conocía de la industria porque había trabajado para Resero durante la intervención estatal a las empresas del Grupo Greco, estuvo 45 días prófugo.

Apareció caminando hacia el Juzgado Federal de San Juan y se entregó. Denunció que era víctima de un "complot orquestado por Mendoza para perjudicar la industria vitivinícola sanjuanina". Pero ya tenía una condena previa por falsificar cupos de vinificación en el inicio de los '90.

El juicio por el envenenamiento masivo fue en junio de 1996. La Justicia Federal condenó a Mario Arnoldo Torraga a 15 años de prisión. Varios empleados, entre ellos el enólogo Armando Ribes y su hijo Guillermo, recibieron penas menores, entre los dos y 10 años de cárcel.

Por el beneficio del 2x1, la mayoría recuperó la libertad mucho antes. Tres empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura encargados de fiscalizar los vinos fueron absueltos de su responsabilidad penal, y a los pocos meses, despedidos de sus puestos por irregularidades administrativas.

Guillermo Torraga, el hijo mayor del bodeguero, fue condenado a 6 años en prisión por el caso de la adulteración de vinos, cuando tenía 30 años. Y otro de sus hijos, Facundo Martín Torraga, en 2021, fue detenido y condenado por abuso sexual contra su mujer. Fue en ese juicio donde volvió a verse públicamente a Torraga, quien a sus 81 años, sigue viviendo en la provincia.

Los silencios

En la industria del vino, golpeada por la helada, el granizo y la suba de precios de la uva por la menor cosecha, nadie quiere hablar del caso Torraga.

Los pocos que acceden a recordar el caso piden anonimato y deslizan distintas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido 30 años atrás: “Una guerra del alcohol; un boicot a la damajuana a favor de nuevos envases como el cartón, y hasta una ajuste de cuentas de algún proveedor de Torraga porque tenía fama de incumplir sus pagos”.

Este martes se cumplen 30 años. Fue el domingo 21 de febrero de 1993 cuando una reunión familiar en una casa de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, terminó con la muerte de seis personas, entre ellas una embarazada, como consecuencia de haber brindado con vinos de las marcas "Soy Cuyano" y "Mansero". En total, fallecieron 29 personas. También hubo un centenar de denuncias de personas que sufrieron síntomas de ceguera y daños neurológicos irreparables.

Las damajuanas, de 4 litros y medio de vino tinto y blanco, habían sido adulteradas con alcohol metílico, en una proporción 200 veces superior a la permitida. Se vendían a 3,50 pesos cada una, en varias zonas del país y eran las más baratas del mercado. Tenían un depósito en Buenos Aires, adonde el producto llegaba en camiones y se distribuía por el país.

Aunque en el juicio Torraga había reconocido que compró el alcohol en Buenos Aires y adulteró los vinos, decía. "¿Quién puede ser tan torpe de mezclar vino con alcohol metílico (de quemar) en lugar de etílico (medicinal)?", para fundamentar que había sido sujeto de una traición o complot.

Y se excusó: "El error fue que compré un alcohol que evidentemente no era el adecuado. Yo compré botellas de alcohol medicinal, alcohol puro y adentro de esa botella venía otro alcohol que no era el que decían que yo compré", dijo Torraga.

En 2002, tras cinco años prófugo, cayó Carlos Alberto Blanco, el distribuidor en el área metropolitana de Buenos Aires de los vinos Mansero y Soy Cuyano. La carátula de la causa contra Torraga llevaba el nombre del empresario Jorge Vartanian, propietario de la firma Química Armenia SRL, proveedora del alcohol metílico.

Vartanian fue absuelto y los cargos le apuntaron a Blanco, quien había declarado como testigo, pero desapareció cuando pasó a ser imputado. Fue condenado como el responsable directo de entregar la materia prima con la que se “estiraban” los vinos.

A dónde fue a parar el vino de la muerte

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) logró incautar 23.000 damajuanas con el sello Mansero y Soy Cuyano. El cargamento, en un camión con acoplado, fue a parar al Juzgado Federal de San Juan, y como no había suficiente espacio, el entonces juez Julio Fernando Correa ordenó que fueran a un depósito en Mendoza.

Durante siete años, las damajuanas supuestamente envenenadas quedaron en el depósito de calle Tirasso 2131, en un predio del INV, en el populoso municipio de Guaymallén, Gran Mendoza. "Nadie quería hacerse cargo de cuidar ese depósito, temían que alguna persona encontrara las damajuanas y por error bebiera el vino adulterado", cuenta uno de los encargados del traslado.

El área jurídica del INV consiguió una autorización judicial para destruir las damajuanas en el 2000. En un operativo que no tuvo difusión, se derramó cada damajuana por el equivalente de 100 litros de agua.

"Se usó una pileta para mezclar el vino con agua y ese líquido fue derramado a las cloacas en Mendoza", aseguró a Clarín, uno de los fiscalizadores. En un par de días, no quedaron rastros de esos vinos.

Cómo se controlan los vinos

Distintos referentes del vino aseguran que el caso Torraga fue un punto de inflexión en el control de vinos. Fue el fin de la damajuana como envase masivo, tuvo una caída estrepitosa en las ventas y nunca repuntó.

Ahora todo el control de alcoholes es fiscalizado por el INV que debe controlar la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de los alcoholes etílico y metanol (Ley 24.566). El control de la genuinidad de los productos vitivinícolas se realiza en la etapa de pre-cosecha, cosecha y pos-cosecha.