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Corrientes: quedó firme la condena por muerte de un niño tras fumigación
El Superior Tribunal de Justicia dejó firme la pena contra un productor por el homicidio culposo de un niño tras fumigaciones con agroquímicos. El fallo es considerado histórico.
POR REDACCIÓN
En una decisión de fuerte impacto judicial y ambiental, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena contra el productor Ricardo Nicolás Prieto por la muerte de un niño y las lesiones graves sufridas por otra menor tras fumigaciones con agroquímicos.
La sentencia ratifica la pena de tres años de prisión condicional impuesta en 2020 por homicidio culposo y lesiones culposas, luego de que la Justicia provincial rechazara los planteos de la defensa. El máximo tribunal correntino entendió que durante el proceso se alcanzó el “grado de certeza necesario” para acreditar el hecho y la responsabilidad penal del acusado.
La resolución consolida uno de los antecedentes más relevantes en materia de responsabilidad penal vinculada al uso indebido de agrotóxicos en la Argentina.
El caso que conmovió a Corrientes
El hecho ocurrió en marzo de 2011 en la zona de Puerto Viejo, en la localidad de Lavalle. Allí, Nicolás Arévalo, de 5 años, murió tras entrar en contacto con un agroquímico utilizado en una chacra de tomates y hortalizas administrada por Prieto. Su prima, Celeste Abigail Estévez, de 4 años, también sufrió lesiones de gravedad.
Según determinó la Justicia, el productor empleó de manera imprudente y negligente el insecticida alfaendosulfán, un organoclorado altamente tóxico. La sustancia quedó acumulada en el barro de una zanja cercana a los cultivos. El niño cayó accidentalmente en ese sector y entró en contacto directo con el producto; la niña intentó ayudarlo y también resultó afectada.
Las pericias concluyeron que la exposición provocó un edema agudo de pulmón que derivó en la muerte del menor y en daños severos para la niña. Además, el tribunal dio por probado que ambos inhalaron plaguicidas durante las fumigaciones realizadas en el predio.
En el fallo se sostuvo que el productor no supervisó personalmente el proceso y permitió que las aplicaciones se realizaran sin las debidas medidas de resguardo, facilitando la dispersión aérea de los tóxicos hacia zonas donde se encontraban los menores.
Casi 15 años de proceso judicial
La confirmación de la condena llega casi 15 años después del hecho. Durante ese tiempo, la causa atravesó distintas instancias judiciales, pericias técnicas y debates sobre la relación causal entre la fumigación y la muerte del niño.
Para el Superior Tribunal, las pruebas reunidas fueron contundentes y permitieron descartar hipótesis alternativas. En ese marco, la ratificación de la pena deja firme la responsabilidad penal del productor y cierra una extensa batalla judicial para la familia.
Organizaciones ambientales señalaron que la decisión constituye un hito, ya que no son frecuentes en el país las condenas penales firmes por hechos vinculados al uso de agroquímicos.
El debate por los agroquímicos y otros juicios
El caso reaviva la discusión sobre el uso de plaguicidas en zonas rurales y periurbanas, los controles estatales y la necesidad de actualizar normativas frente al avance del modelo agrícola intensivo.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires se desarrolla otro proceso de alto impacto: el juicio oral por contaminación con agroquímicos en Pergamino. El debate se lleva adelante en los Tribunales Federales de Rosario y tiene en el banquillo a siete productores y dos funcionarios públicos, acusados de incumplimiento de deberes y contaminación ambiental.
Entre las querellantes se encuentra Sabrina del Valle Ortiz, quien denunció haber perdido un embarazo tras reiteradas exposiciones a fumigaciones cercanas a su vivienda. El proceso es seguido de cerca por organizaciones sociales bajo la consigna “Paren de fumigarnos”.
Un precedente para la Justicia ambiental
La decisión del máximo tribunal correntino y el avance de causas similares en otras provincias configuran un escenario inédito en la Justicia argentina. Por primera vez, las responsabilidades penales por el uso indebido de agroquímicos alcanzan con firmeza a productores y, en algunos casos, también a funcionarios encargados de controlar la actividad.
A casi 15 años de la muerte de Nicolás Arévalo, el fallo no solo representa una reparación simbólica para su familia, sino que también instala un precedente que podría influir en futuras causas vinculadas a delitos ambientales y a la protección de la salud pública frente al uso de sustancias químicas en la producción agrícola.