Judiciales
Desde noviembre, la Corte implementará la ampliación de delitos para Flagrancia
Este ajuste busca optimizar el proceso judicial, asegurando que los delitos considerados en flagrancia sean abordados de manera más eficiente.
POR REDACCIÓN
La Corte de Justicia de la provincia ha tomado una decisión trascendental para el sistema judicial al aprobar la vigencia de la Ley Provincial N° 2690-O a partir del 1 de noviembre de 2024. Este anuncio fue oficializado mediante el Acuerdo General Nº 101/2024, firmado por el presidente de la Corte, Marcelo Jorge Lima, junto a los ministros Adriana García Nieto, Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria y Guillermo Horacio De Sanctis, y con la participación del Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani.
TE PUEDE INTERESAR
La nueva normativa modifica el artículo 420 de la anterior Ley Provincial N° 1851-O, ampliando así el ámbito de aplicación del procedimiento de flagrancia en la provincia. Según lo estipulado, el sistema será aplicable en situaciones donde se produzca la aprehensión del sospechoso en el acto de cometer un delito doloso o en su intento, siempre que la pena no supere los 20 años de prisión o reclusión. Este ajuste busca optimizar el proceso judicial, asegurando que los delitos considerados en flagrancia sean abordados de manera más eficiente.
Además, la norma también aclara que para determinar la competencia judicial, se tendrá en cuenta la pena establecida por la ley para el delito consumado, así como las circunstancias agravantes relacionadas con su calificación. Sin embargo, se excluyen las acciones que dependan de instancia privada, a excepción del delito de lesiones leves y las acciones privadas.
TE PUEDE INTERESAR
Con esta medida, la Corte de Justicia busca tener un sistema judicial más ágil y efectivo, que responda de manera adecuada a las necesidades de la sociedad y a la lucha contra la criminalidad. La implementación de esta ley representa un avance significativo en la regulación de los sistemas de justicia penal en la provincia, permitiendo una respuesta más rápida ante delitos que afectan la seguridad pública.
Se espera que, con la entrada en vigencia de esta medida, se produzcan mejoras en la gestión de casos y en la percepción de seguridad de la ciudadanía, al facilitar que los delitos sean juzgados en el marco adecuado y con celeridad.