Detenidos con droga: un empleado público, procesado y sin sueldo

Los dos empleados de Salud Pública que fueron detenidos por transportar droga en una movilidad oficial, se enfrentan ahora a realidades distintas. El juez Federal Leopoldo Rago Gallo dictó la falta de mérito para José Bravo y lo liberó, mientras que a Adrián Cortez lo procesó por tenencias de estupefacientes para comercialización. La gestión uñaquista se hizo eco de la resolución judicial y suspendió sin goce de haberes a quien quedó como único imputado y parece encaminado a ser expulsado del Estado.

El sumario administrativo se inició por una orden directa que bajó el gobernador Sergio Uñac para investigar cuanto antes la situación y, en gran parte, está atado a la suerte de la causa penal que se disparó en la Justicia Federal. De hecho, las definiciones que tomó Rago Gallo esta semana impactaron de inmediato en el proceso administrativo.

Al enterarse del procesamiento de Cortez, la Asesoría Letrada de Gobierno ordenó suspenderlo en el cargo que tiene en Salud Pública y que no cobre el sueldo mientras dure la investigación. Así, en caso de comprobarse efectivamente su culpabilidad, se expone a ser cesanteado o exonerado de la administración pública por tratarse de una falta gravísima.

El caso de Bravo es distinto. Rago Gallo entiende que no hay pruebas suficientes para sobreseerlo o procesarlo y dispuso la falta de mérito, lo que significa que lo seguirá investigando hasta resolver su situación definitivamente. Por eso, hasta que se determine si es culpable o inocente, en el Estado no cuentan con elementos para impedirle que siga prestando funciones.

Los dos empleados quedaron en la mira el domingo 19 de septiembre. Fue cuando Bravo viajaba al departamento Valle Fértil en una movilidad de Salud y lo paró Gendarmería en un control sobre la ruta 510. Con la ayuda de un perro entrenado, los efectivos encontraron entre los asientos 44 pequeños envoltorios con cocaína. Si bien Cortez no estaba en el lugar, llegó a los pocos minutos por ser el encargado de los vehículos del hospital del departamento y quedó detenido junto a su compañero.

Fuentes judiciales le contaron a DIARIO HUARPE que al momento de ser indagado, Bravo contó que Cortez le solicitó que ese domingo trajera desde Valle Fértil a Albardón a una doctora que finalizaba su guardia y que, aprovechando el viaje, le llevara una encomienda a una persona. En su relato, agregó que cuando entregó el paquete, el hombre que lo recibió le dio otro y le pidió que se lo diera a Cortez.

Bravo, según las fuentes, aseguró que en ningún momento revisó el contenido y que lo tomó como un favor a un compañero. En consecuencia, dijo que no tenía idea que llevaba droga.

Cortez se abstuvo de declarar. De todos modos, las fuentes contaron que durante el operativo de Gendarmería reconoció que el paquete que venía en la movilidad oficial era para él y que supuestamente se trataba de un “carburador” que le mandaba un amigo.

Por otra parte, en la Justicia Federal contaron que de las charlas en WhatsApp entre ambos surge que aparentemente es cierto que Bravo no sabía de la droga. Además, dijeron que hay pruebas que revelan que no sería la primera vez que Cortez usaba los vehículos del Estado que tenía a cargo para llevar sustancias prohibidas a Valle Fértil.

Agentes de Salud que pidieron reserva afirmaron que en el departamento vallisto hay mucho malestar con Cortez no solamente por lo que hacía, sino por haber involucrado a un compañero. Esos testimonios están a tono con algunos que constan en la causa, que sostienen que Bravo es un “hombre de bien” y que no lo ven capaz de hacer una cosa así.

Dato

Cortez fue procesado sin prisión preventiva, pero debe presentar una caución de $200 mil. Según las fuentes, hasta este miércoles no cumplió y seguía preso.