Policiales > Situación polémica
Investigan a una funcionaria de la PFA en Mendoza por presunta coima
Una cabo de la Policía Federal Argentina fue detenida luego de irrumpir sin orden judicial en una casa y exigir, presuntamente, dinero a una familia a la que acusaba de vender droga.
Por Ariel Patruceli
Una cabo de la Policía Federal Argentina, dependiente de la Agencia Regional Cuyo con asiento en San Juan, quedó en el centro de una grave investigación judicial en Mendoza luego de ser acusada de irrumpir sin orden en una vivienda y exigir una presunta coima a una familia del barrio Huarpe II, en Godoy Cruz. El episodio ocurrió el pasado 4 de noviembre, aunque la novedad salió a la luz este viernes 14. La funcionaria terminó detenida en una comisaría mendocina tras un operativo de urgencia.
De acuerdo a fuentes policiales consultadas por DIARIO HUARPE, la agente fue identificada como Melisa Evelyn Bonilla Cortez, de 41 años, quien presta servicios bajo la órbita del comisario mayor Leonardo Bracamonte del Agencia Regional Cuyo con asiento en San Juan. La cabo habría llegado sola hasta una vivienda del barrio Huarpe II, a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca cabina simple. Según la denuncia, se presentó como integrante de la Policía Federal e ingresó al domicilio sin exhibir orden de allanamiento, sin portar arma reglamentaria ni chaleco antibalas y sin respaldo de testigos o personal de apoyo.
La moradora, identificada como Márquez Santibáñez, contó que la funcionaria ingresó directamente al interior de la vivienda y comenzó a increparlos, asegurando que allí “vendían droga”. En medio del intercambio, la agente habría exigido una suma de $300.000 por semana para “dejarlos trabajar”, según relataron los propios dueños de casa. Incluso les habría dicho: “Si no tenés plata, dame lo que tenés en el negocio”. Desconcertados por la situación y ante la falta de una orden judicial, los integrantes de la familia decidieron encerrarla dentro de la vivienda y llamar al 911.
Minutos más tarde, personal de la Comisaría 52 de Godoy Cruz llegó al lugar y constató la irregularidad del procedimiento. Al entrevistar a la cabo Bonilla Cortez, la misma reconoció ser miembro activo de la Policía Federal, exhibió una credencial e indicó que había actuado sola con la intención de “retener la droga que tenían” los supuestos vendedores. No obstante, también admitió que no disponía de ninguna orden oficial para llevar adelante el operativo.
Ante la gravedad del hecho, los efectivos provinciales trasladaron a la mujer a sede policial y dieron aviso a la Justicia de Mendoza, que abrió un legajo por averiguación de extorsión en grado de tentativa. La causa quedó en manos de las autoridades judiciales mendocinas, quienes comenzaron a evaluar las circunstancias en las que se produjo el procedimiento irregular.
La Agencia Regional Cuyo de la PFA, desde donde depende la funcionaria, no emitió aún un comunicado oficial sobre el caso, aunque fuentes vinculadas al área señalaron que la situación generó fuerte preocupación entre los mandos superiores. Mientras tanto, la cabo permanece a disposición de la Justicia mendocina, que deberá determinar si actuó de manera individual o si existen otros elementos que agraven su conducta.
El episodio fue registrado con un teléfono celular donde un integrante de la familia asegura que los acusan de tener droga, pero solo tendrían en su poder algunos gramos de cogollos para consumo personal.
El episodio provocó revuelo en la zona, donde los vecinos aseguraron no haber visto antes a la agente y se mostraron sorprendidos por el despliegue policial posterior. La investigación continuará para establecer si la acusación de coima es consistente y si la funcionaria podría enfrentar cargos penales.