Policiales > Red de explotación
La Justicia Federal investigará si los videos de la policía en redes ocultan una red de explotación sexual
Un abogado presentó una denuncia penal para que la Justicia Federal investigue si existe una organización detrás del contenido erótico que la agente subía a redes sociales. Solicitó medidas urgentes y la intervención de la Protex.
POR REDACCIÓN
Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal solicitó investigar si existe una red de explotación sexual detrás de los videos virales de una oficial de la Policía de la Ciudad que fue suspendida por utilizar su uniforme en contenidos de tipo erótico. El escrito judicial reclama que el caso sea analizado como un presunto delito de trata de personas.
La presentación fue realizada por el abogado Rodrigo Tripolone ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, luego de que la agente Nicole V. fuera separada de sus funciones por conducta considerada indecorosa. En su planteo, el letrado sostiene que los indicios observados en las publicaciones de la mujer no pueden analizarse únicamente como una falta disciplinaria, sino que requerirían una investigación más profunda.
Según la denuncia, la oficial suspendida aparece en numerosos videos junto a otras mujeres jóvenes, mostrando producciones realizadas en un mismo entorno que sugiere coordinación y planificación. El patrón observado incluiría escenografías recurrentes y estilos de producción similares, lo que para el denunciante indicaría la posible existencia de una organización detrás del contenido.
El escrito judicial menciona específicamente la presencia de al menos un hombre en los videos y la utilización del uniforme policial como elemento de atracción en las cuentas. Tripolone advirtió en su presentación sobre la posibilidad de que participen mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo la potencial participación de menores de edad o personas extranjeras, lo que requiere verificación urgente.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la preservación de todo el contenido publicado en las plataformas digitales, la identificación de los usuarios asociados a las cuentas y la determinación de la identidad de todas las mujeres que aparecen en los materiales. También se pidió la intervención de PROTEX, la procuraduría especializada en trata y explotación sexual.
La Justicia Federal deberá ahora evaluar si los elementos presentados justifican la apertura de una investigación formal por trata de personas, lo que transformaría el caso de una controversia administrativa en una causa penal federal.