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No paralizan el juicio de YPF en EEUU y siguen los posibles embargos
Un tribunal estadounidense rechazó frenar el juicio previo a posibles embargos en la causa contra YPF y cierto grupo de inversores por reclamos financieros, lo que mantiene en marcha el proceso legal que podría derivar en medidas cautelares sobre activos.
POR REDACCIÓN
Un tribunal federal de Estados Unidos rechazó la solicitud de las empresas demandadas de suspender el avance del juicio en la causa que involucra a YPF y a un grupo de bonistas extranjeros, dejando sin efecto una petición para frenar el proceso previo a una posible fase de embargos de activos como medida cautelar.
La demanda se relaciona con bonos emitidos por la petrolera estatal argentina que habrían sido afectados por el proceso de reestructuración de deuda iniciado en 2020, y los bonistas reclaman el pago total de capital e intereses bajo condiciones que, según su argumento, fueron vulneradas.
Los demandados habían solicitado que el tribunal detuviera el avance de la causa hasta que se resolvieran cuestiones procesales sobre la jurisdicción y la aplicabilidad de ciertas cláusulas contractuales, pero la Corte desestimó esos planteos y habilitó el avance de la instrucción, lo que podría culminar en una etapa en la que se evalúe la posibilidad de embargos de bienes.
La decisión fue interpretada por analistas financieros como un paso significativo en el litigio, al indicar que la justicia estadounidense pretende resolver el fondo de la cuestión antes de considerar medidas cautelares, en contraste con la estrategia de las partes demandadas que buscaban dilatar el procedimiento.
YPF, por su parte, publicó un breve comunicado indicando que «continuará defendiendo sus intereses y los de sus accionistas» y que confiará en el debido proceso legal para resolver las diferencias con los bonistas, remarcando el impacto que un fallo adverso podría tener en su calificación crediticia y acceso a mercados internacionales de financiamiento.
Expertos legales indicaron que el rechazo del pedido de suspensión no significa un triunfo definitivo para una de las partes, sino que habilita el avance normal del juicio, que aún podría prolongarse varios meses antes de llegar a una sentencia sobre las obligaciones reclamadas y eventuales acciones sobre activos.