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Didi, Uber y Pedidos Ya: cómo impacta la reforma laboral en el sector
El nuevo capítulo sobre plataformas digitales reconoce autonomía, exige inscripción fiscal y prevé seguros y capacitaciones, en un esquema que aún genera debate sobre ingresos y protección laboral.
POR REDACCIÓN
La reforma laboral que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que espera una última votación en el Senado incorpora por primera vez un marco legal específico para los trabajadores de plataformas digitales como Rappi, PedidosYa, Uber y Cabify. El texto define derechos y obligaciones que hasta ahora no estaban regulados de manera expresa y ratifica que quienes prestan servicios a través de estas aplicaciones no mantienen una relación de dependencia con las empresas.
El proyecto crea la figura del “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, entendida como la persona que acuerda brindar servicios de reparto o movilidad a través de aplicaciones digitales en forma autónoma. De este modo, se establece un encuadre jurídico específico que busca dar previsibilidad a un sector que creció de manera sostenida en los últimos años.
Autonomía confirmada y libertad de conexión
Uno de los puntos centrales es la ratificación de la autonomía. La norma reconoce el derecho del prestador a conectarse libremente a una o varias aplicaciones, definir sus propios horarios, aceptar o rechazar pedidos sin necesidad de justificar su decisión e interrumpir el uso de la app cuando lo considere conveniente.
También se establece que podrá elegir el medio de transporte —bicicleta, moto, automóvil u otro vehículo autorizado— siempre que cumpla con los requisitos legales. Asimismo, se reconoce la posibilidad de decidir el recorrido más conveniente para realizar el servicio, aun cuando la plataforma sugiera una ruta determinada.
El texto dispone que los trabajadores conservarán el 100% de las propinas abonadas por los usuarios, incluso si el monto fue sugerido por la aplicación.
Más información y derecho a explicación
La reforma obliga a las plataformas a brindar información clara sobre los criterios de agrupación y categorización de servicios. Esos parámetros deberán estar expresados en lenguaje accesible y disponibles en formato digital, sin afectar el secreto comercial.
Además, si una cuenta es suspendida o restringida, la empresa deberá informar los motivos y ofrecer canales de atención para que el trabajador pueda ejercer su derecho a réplica. También se reconoce el derecho a la portabilidad de datos, lo que permitirá trasladar información relevante sobre la actividad a otras plataformas.
Capacitación y cobertura de riesgos
El nuevo marco establece que las plataformas deberán ofrecer capacitaciones gratuitas, tanto sobre el uso de la infraestructura digital como en materia de seguridad vial y buenas prácticas en la vía pública. La responsabilidad económica de estas instancias formativas recaerá sobre las empresas.
En cuanto a la cobertura ante accidentes, se dispone que los prestadores deberán contar con un seguro de accidentes personales provisto por la plataforma. La póliza deberá cubrir fallecimiento accidental, incapacidad permanente, gastos médicos y costos funerarios. El texto aclara que la provisión de este seguro y otros beneficios adicionales no implican la existencia de relación laboral.
Obligaciones fiscales y previsionales
La norma también fija obligaciones para los trabajadores. Deberán estar inscriptos ante las autoridades fiscales, cumplir con sus compromisos tributarios y realizar los aportes correspondientes al sistema previsional y de salud, lo que les permitirá acceder a la Prestación Básica Universal, pensiones y cobertura del sistema de salud.
Asimismo, deberán ser titulares de la cuenta utilizada en la aplicación, contar con una cuenta bancaria o billetera electrónica informada a la plataforma y respetar las normas de tránsito durante la prestación del servicio.
Un marco legal en medio del debate
El nuevo capítulo dedicado a plataformas consolida un modelo de trabajo independiente, con derechos específicos pero sin encuadre como empleo formal en relación de dependencia. Para algunos sectores, la regulación aporta previsibilidad, transparencia y ciertos mecanismos de protección que antes no estaban garantizados. Para otros, al ratificar la autonomía, se descarta la posibilidad de reconocer derechos propios de un trabajador asalariado.
En paralelo, indicadores privados como el denominado “índice APP” de la Fundación Encuentro señalaron que en diciembre de 2025 un repartidor necesitó completar en promedio 454 pedidos para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar tipo, lo que refleja las tensiones existentes en torno a ingresos y condiciones laborales en el sector.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto solo requiere una última votación en el Senado para convertirse en ley y redefinir formalmente el encuadre jurídico de miles de trabajadores que operan diariamente a través de plataformas digitales en Argentina.