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Padres podrán ser multados hasta con $1,5 millones por casos de acoso escolar
La nueva normativa, incorporada al Código Contravencional de Mendoza, establece multas de hasta $1.500.000 y trabajo comunitario para adultos que no colaboren en la resolución de casos de acoso escolar que involucren a sus hijos.
POR REDACCIÓN
La Legislatura de Mendoza aprobó de manera definitiva una ley que incorpora sanciones específicas para padres, madres o tutores legales en casos de acoso escolar o bullying que involucren a menores bajo su responsabilidad. La normativa, que recibió media sanción del Senado el 4 de noviembre y fue ratificada este jueves por la Cámara de Diputados, modifica el Código Contravencional provincial con el objetivo de promover la corresponsabilidad familiar en la prevención y abordaje de estas situaciones.
La nueva legislación establece un procedimiento progresivo que inicia con la intervención de las autoridades escolares y el acompañamiento interdisciplinario. Solo cuando los adultos responsables no colaboren o incumplan las medidas dispuestas se procederá a la intervención del Juzgado Contravencional correspondiente. Las sanciones contempladas incluyen multas que oscilan entre 1.500 y 3.000 Unidades Fijas -equivalente a montos entre $750.000 y $1.500.000 considerando el valor proyectado de la UF para 2026- o la realización de tareas comunitarias de hasta treinta días.
En situaciones de reincidencia, el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar. Los fondos recaudados mediante multas se destinarán al Fondo Provincial establecido por la Ley N° 9545, dedicado a la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar dentro del ámbito de la Dirección General de Escuelas, así como a Bibliotecas Populares.
La aplicación de la ley será paulatina y se enmarca en un cambio de paradigma que busca combinar el aspecto sancionatorio con el educativo y preventivo. Las autoridades educativas han destacado que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que incluye la actualización del Protocolo de Actuación en Casos de Bullying, el cual establece procedimientos específicos para la identificación, registro y seguimiento de estas situaciones.
La normativa excluye de responsabilidad a aquellos progenitores que se encuentren privados o suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental, tengan discernido judicialmente el cuidado personal unilateral en el otro progenitor, o se hallen alcanzados por medidas de prohibición de acercamiento que les impidan intervenir en la supervisión del menor.