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Atampiz respondió y confirmó controles biométricos en Zonda
El diputado provincial y exintendente de Zonda respondió a las acusaciones del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) por la presunta existencia de empleados “fantasma” en el municipio.
POR REDACCIÓN
El escándalo por la denuncia del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) sobre la supuesta existencia de “ñoquis” en la Municipalidad de Zonda sigue generando repercusiones. Este jueves 30 de octubre, el diputado provincial del departamento, Miguel Atampiz, en rueda de prensa defendió la gestión de su hermano, el actual intendente Juan Atampiz, y aclaró que el lunes comenzará a aplicarse un sistema de control biométrico de asistencia en todas las dependencias municipales.
“Cuando yo fui intendente sabía lo mucho que sufren los empleados municipales para llegar a fin de mes. Hoy con 500 mil pesos no podés llegar, por eso le dimos la posibilidad a la gente de trabajar los fines de semana para que entre semana pudieran changuear y sumar una moneda más”, explicó el legislador en diálogo con la prensa.
Atampiz insistió en que la medida fue pensada como una ayuda y no como una irregularidad: “Nosotros dimos esa posibilidad a todos los empleados municipales para que llegaran a fin de mes con un dinero más y pudieran mantener a sus familias”.
Una investigación en marcha
La denuncia del SEP derivó en una investigación judicial que está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI de Delitos Especiales, quien analiza si existió o no una estafa al Estado. Además, esta semana, el secretario general del sindicato, José Díaz, confirmó a DIARIO HUARPE que todos los legajos de los empleados municipales fueron retirados del municipio y están siendo revisados por el Tribunal de Cuentas de San Juan.
El conflicto se originó en agosto, cuando el SEP y concejales opositores denunciaron que solo entre 50 y 60 de los 240 empleados municipales de planta permanente estarían cumpliendo funciones efectivas. El resto —alrededor de 180 personas— permanecería en sus casas cobrando sus salarios completos.
El gremio señaló que la situación se arrastra desde 2019 y se agravó durante la pandemia. En tanto, los concejales Víctor Montaña (Juntos por el Cambio) y Gustavo Ledesma (giojismo) presentaron una nota al intendente Juan Atampiz, exigiendo que todos los trabajadores fueran intimados a presentarse a sus puestos en un plazo de 48 horas.
Nombres bajo la lupa
Entre los casos señalados en la denuncia se encuentran la esposa del diputado Miguel Atampiz, la exesposa del actual intendente y el hijo del legislador, quienes figuran como empleados de planta permanente, pero, según la acusación, no cumplirían tareas en el municipio.
En el caso de su hijo, Gustavo Atampiz, el diputado aclaró que “la ley lo ampara”, ya que, si bien trabaja actualmente en Vaca Muerta, lo hace “con permiso”. También mencionó que las denuncias contra otras personas —como Manuel Casívar y Miguel Ángel Gil, señalados por trabajar en San Luis y en la mina Veladero mientras percibían sueldos municipales— deberán ser analizadas por la Justicia.
“Yo creo que esta denuncia es más que nada una movida política. Los concejales que la impulsaron fueron empleados municipales y saben cómo era la situación. Cuando yo era intendente, me pedían permiso para no ir durante la semana y poder hacer otras changas. Pero, bueno, todo pasa. Borrón y cuenta nueva, porque somos todos vecinos y en Zonda nos conocemos todos”, sostuvo Atampiz.
“A partir del lunes, todos deben cumplir las 35 horas semanales”
Para despejar cualquier duda sobre el cumplimiento de las tareas municipales, el legislador confirmó que desde el lunes próximo se instalarán cinco máquinas de control por huella digital en distintas áreas del municipio.
“Se han comprado cinco máquinas que van a registrar el ingreso y egreso de cada trabajador. Ya hablé con todos: salen a trabajar entre semana o los fines de semana, según el área, pero todos deberán cumplir las 35 horas semanales”, afirmó.
Los dispositivos serán colocados en el camping municipal, el cementerio, el vivero, el Centro Integrador Comunitario (CIC), la bloquera municipal y la sede del municipio.
Contexto social y económico difícil
El legislador también se refirió a la realidad del departamento y la falta de empleo. “En Zonda no tenemos trabajo, no tenemos obra pública, en las viñas hay poco y nada. Está complicado para vivir”, reconoció.
Atampiz apeló a la comprensión de la comunidad y aseguró que su prioridad es normalizar la situación laboral de los empleados municipales, pero también proteger el sustento de las familias.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso y el Tribunal de Cuentas deberá determinar si existió responsabilidad administrativa o penal en el manejo del personal municipal.