Se reactivó la causa por el robo de combustible y el Estado se metió de lleno

Tras estar planchada por algo más de un año, la causa penal por el robo de combustible en Salud Pública se reactivó esta semana. El martes fueron indagados dos implicados y la Fiscalía de Estado se hizo parte querellante, con lo que de ahora en más podrá aportar pruebas y solicitar que se tomen medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso que estalló en 2018. Por lo pronto, el organismo que tiene a Jorge Alvo como titular ya pidió que se le dé intervención al Tribunales de Cuentas.

La causa comenzó a rodar hace dos años por una denuncia que hizo la ministra de Salud, Alejandra Venerando, quien alertó de distintas maniobras que supuestamente cometían empleados de la esa cartera para quedarse con combustible que debía ir a las movilidades oficiales. Los denunciados son 16, pero las sospechas más firmes recaen sobre dos en particular.  

Fuentes ligadas a la investigación aseguraron que el expediente judicial se movió por última vez en julio del año pasado y que recién se reactivó esta semana, por un pronto despacho que interpuso la fiscal Claudia Salica para que se tomaran medidas que estaban pendientes. El juez de Instrucción N° 4, Diego Sanz, que subroga en el Juzgado de Instrucción N° 5, donde se radicó la denuncia, le hizo lugar y el martes fueron indagados los dos agentes que están en la mira.

Sergio Montaño y Martín Mereles se presentaron con sus abogados y comparecieron ante el llamado del magistrado. El primero era jefe de movilidades cuando estalló el caso y el segundo es chofer y, según las fuentes, se abstuvieron de declarar, es decir prefirieron hacer uso de su derecho de no decir nada.

Cuando entró la denuncia, en momentos en que el titular del Juzgado de Instrucción N° 5 era Benedicto Correa, a la fiscalía de Estado no le comunicaron del caso a pesar de que presuntamente se vieron afectadas las arcas públicas. La notificación llegó esta misma semana y Alvo se hizo parte querellante de inmediato.

Al tener esa participación, la Fiscalía de Estado puede pedir que se produzcan y se amplíen pruebas, que sean citados testigos y que sean indagados sospechosos. Por el momento, el organismos solicitó que Salud envíe el sumario administrativo que inició y que se le informe de todo al Tribunal de Cuentas, para que determine de cuánto es el perjuicio fiscal que sufrió la provincia.

Además del jefe de movilidades y un par de administrativos, entre los denunciados hay choferes de los vehículos que tenían en su poder una tarjeta y una clave intransferibles para cargar nafta. La presunción es que algunos usaban el sistema para sus vehículos particulares y no se descarta que hayan contado con la complicidad de playeros de las estaciones de servicio proveedoras.

Fuentes del Ministerio Público aseguraron que, por el momento, no están previstas más indagatorias y que todos los elementos comprometen a Montaño y Mereles. Con los dos ya indagados, Sanz o el juez que subrogue el juzgado interviniente tiene que resolver si procesa o no a los dos imputados.