Josemaría se enfoca en conseguir los permisos locales antes de la construcción

En una conferencia de prensa pensada para calmar las versiones sobre una venta del proyecto, las autoridades de Josemaría hicieron una actualización de estado. Alfredo Vitaller, el vicepresidente de Asuntos Corporativos, insistió en que Lundin será la compañía que explote la mina iglesiana y que seguirán siendo el socio mayoritario y que piensan tener el control de la operación. Luego de esto, el empresario se concentró en hablar de la actualidad del proyecto, dejando algunas pistas sobre el futuro.

Como es habitual en las declaraciones corporativas, el empresario no dio fechas ni seguridades, pero sí aclaró dónde está puesto el foco de la empresa hoy: conseguir los permisos sectoriales y cumplir con los 123 requerimientos que quedaron asentados en la Declaración de Impacto Ambiental.

Los permisos y cumplir con los requerimientos no son siempre lo mismo. La DIA es un marco general, donde una comisión de especialistas evalúa que el proyecto es viable, cuáles serán los impactos ambientales y qué medidas tomarán para remediarlo. De ahí la compañía debe lograr el aval de instituciones específicas, pero también hacer los cambios que la comisión exige en la declaración.

Un ejemplo de permiso es el que tiene que conseguir por ejemplo para poder realizar el camino y la línea eléctrica hasta la mina. Un requerimiento fue el que dejaron los especialistas del Inpres asentado en la declaración, cuando les exigieron que cambien la ingeniería del muro del depósito de colas, porque consideraban que no era lo suficientemente seguro. El listado de 123 puntos se compone de observaciones como esta y será eso lo que trabajarán durante casi todo el año.

Esto significa también que la construcción total de la mina no largará hasta que no hayan terminado estos pasos legales. Consultado por este medio, Vitaller dijo que algunos trabajos pueden avanzar solapados con este trabajo, como por ejemplo una primera fase del camino unos 90 km antes de la mina.

Pero el grueso deberá esperar, en especial porque para eso deben conseguir el financiamiento de unos U$D 4.000 millones. El paso a paso que planteó Vitaller durante la conferencia es “después del informe de impacto ambiental está la etapa de permisos e ingeniería de detalle, que es donde estamos, después la búsqueda de financiamiento y posteriormente la construcción”.

Siguiendo con este cronograma, hoy Josemaría está buscando esos permisos y seguirá haciéndolo durante este año. Luego saldrán a buscar socios o cualquier otra forma de financiamiento, aunque las declaraciones de Rockebel pueden interpretarse como un primer tanteo del mercado. Y recién ahí, con socio mayoritario o minoritario u otra alternativa, llegaría la inyección fuerte de inversiones.

La empresa se encuentra en una expansión, tal como aclaró Vitaller. En el último año, pasaron de 216 empleados a 1755, 191 proveedores a 463 y la inversión prevista para este 2023 es de U$D 400 millones, U$D 80 millones más que en 2022. En alta cordillera ya terminaron la primera fase del segundo campamento, que tendrá capacidad para 5.000 personas.

Pero incluso con esto, que el empresario dijo que es “signo del compromiso de la empresa”, la construcción y esa promesa de unos 10.000 trabajadores en su punto más alto, deberá esperar a la etapa de aprobaciones. Y para ilustrar lo que falta puso como ejemplo el cambio en la ingeniería del muro del depósito de colas, cuyo rediseño demoró cerca de un año y ahora, dijo, “podría demorar varios meses más mientras los técnicos de Gobierno lo aprueban”.

El camino y la línea eléctrica, otro de los procesos extensos

Este miércoles hubo una reunión entre Alfredo Vitaller, el vicegobernador Roberto Gattoni, el ministro Carlos Astudillo y autoridades del EPRE y Vialidad Provincial. El objetivo era avanzar con el diálogo por dos de las obras más grandes que debe encarar la empresa para Josemaría, que son la línea eléctrica y el camino por San Juan.

Se trata de dos proyectos que tienen un condimento particular: la empresa busca que ambos sean declarados de interés provincial para poder descontar el costo de las obras vía regalías. Para esto tanto el camino como la línea deben quedar en manos de la gestión provincial y además tendrán que cumplir con objetivos que le convengan a San Juan.

En el caso del camino es más simple: no hay ninguna conexión por tierra que llegue a hasta la zona norte de San Juan y, por lo tanto, es fácil argumentar que a la provincia le interesa llegar a un distrito minero importante y a una zona con potencial de energía fotovoltaica.

Para la línea la empresa ya tuvo que hacer algunos cambios de planes. Es que deben demostrar el interés por la línea de 500 kV, pero también justificar una de las obras eléctricas más caras que tendrá San Juan. Hubo avances y ahora, por ejemplo acordaron que la estación transformadora será en Chaparro, para conectar a La Rioja y de ahí a una potencial línea nacional minera de 500 kV que una San Juan con el litio del norte.

Pero para todo esto, Josemaría debe terminar la ingeniería de ambos proyectos, conseguir que Vialidad y el EPRE estén de acuerdo y luego convencer también a legisladores. Es que la declaración de interés provincial debe firmarla la Cámara de Diputados.