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En la causa YPF, Amerio pidió suspender investigaciones en Estados Unidos

El nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, solicitó ante la Justicia de Estados Unidos suspender el proceso de “discovery” en el juicio por la expropiación de YPF.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas

Sebastián Amerio, tomó su primera decisión como nuevo titular del Procurador del Tesoro de la Nación y fue en torno al juicio de YPF. (Archivo/Secretaría de Comunicación y Medios)

El nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, solicitó ante la Justicia de Estados Unidos la suspensión del proceso de “discovery” en el marco del juicio por la expropiación de YPF, hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie sobre el recurso presentado por el Estado argentino.

La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York a través del estudio jurídico estadounidense que representa al país. El pedido busca frenar temporalmente la etapa de intercambio y exhibición de documentación vinculada con la ejecución del fallo que condenó a Argentina a pagar miles de millones de dólares por la estatización de la petrolera. 

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El planteo constituye la primera decisión de Amerio desde que asumió al frente de la Procuración del Tesoro, organismo encargado de defender al Estado en los litigios internacionales. 

Según explicó el organismo, el objetivo es detener la producción de pruebas, pedidos de sanciones y una audiencia probatoria prevista para abril de 2026, hasta que se resuelva la apelación principal sobre la sentencia del caso.

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Desde la defensa argentina sostienen que continuar con el proceso de discovery podría generar perjuicios irreparables para la soberanía nacional y afectar la previsibilidad de las relaciones financieras internacionales del país. Además, advierten que avanzar con esa etapa podría resultar innecesario si la apelación modifica o revoca la decisión judicial. 

El juicio por la expropiación de YPF es uno de los litigios internacionales más importantes que enfrenta la Argentina y se originó tras la nacionalización de la compañía en 2012. En primera instancia, el país fue condenado a pagar unos 16.100 millones de dólares, un fallo que actualmente continúa en proceso de apelación en tribunales estadounidenses.

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