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El Cronista > Tensión política

Horacio Rodríguez Larreta: "Si el Presidente no respeta a la Corte qué podemos esperar"

Luego que el presidente Alberto Fernández sorprendiera al decidir no acatar la definición de la Corte Suprema de recomponer los fondos coparticipables a CABA, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la cuestión.

POR EL CRONISTA PARA DIARIO HUARPE

Luego de que el presidente Alberto Fernández, junto a otros 14 gobernadores, sorprendiera al rebelarse contra la medida dispuesta por la Corte Suprema de Justicia que favorece a la Ciudad de Buenos Aires en el otorgamiento de los fondos coparticipables, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la situación en conferencia de prensa.

Ante la orden del primer mandatario de incumplir lo dispuesto por el máximo tribunal, lo que implicaría el primer delito de desacato a la Corte Suprema por parte de un funcionario público en toda la historia democrática argentina, Larreta criticó que la decisión "pone en riesgo las bases de nuestra democracia".

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"Ayer el presidente de la Nación decidió no acatar un fallo de la Corte Suprema. Ese fallo, por unanimidad, ordena inmediatamente que la Nación restituya a la Ciudad el 2,95 de la coparticipación", repasó el titular de la Ciudad.

Además, recordó que el presidente presentó una recusación contra los jueces de la Corte para que no participen en el proceso: "Esto no es contra la Ciudad, es quebrar el orden constitucional. El presidente decidió violar, atentar contra el estado de derecho, contra la democracia", criticó con dureza el referente del PRO.

En su tenso discurso político, Larreta se refirió a los cruces que el kirchnerismo sostiene con el Poder Judicial, al cual acusa de falta de independencia y funcionalidad hacia la oposición: "Este es el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular la Justicia, eso es lo que buscan, anular la Justicia", subrayó. Y se indignó: "Cumplir con la Constitución no es opcional".

CONFLICTO POR LA PARTICIPACIÓN: LOS MILLONES EN JUEGO

El conflicto por los fondos coparticipables que enfrenta a CABA con Nación se remonta a septiembre del 2020, cuando Alberto Fernández dispuso retrotraer a un 1,4% el porcentaje de coparticipación que le correspondía a la Ciudad luego de que Mauricio Macri lo estableciera en 3,5% durante su gestión.

Esta situación dinamitó la hasta entonces funcional relación entre el jefe de Gobierno porteño opositor y el presidente oficialista y llevó a Larreta a abrir una causa en la Corte Suprema para que esta defina el conflicto.

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Ahora, este miércoles, el máximo tribunal falló a favor de CABA por unanimidad, ordenando restaurar el 2,95% de los fondos coparticipables de la administración porteña que estaban en juego.

Apenas 24 horas más tarde de esta definición judicial, Alberto Fernández se abroqueló junto con 14 gobernadores del PJ para tomar una definición del alto voltaje político: no acatar la definición judicial e impedir el drenaje de fondos de Nación a la administración de Rodríguez Larreta.

Por medio de un comunicado firmado por 14 gobernadores y Alberto Fernández se definió la idea de no poner en práctica el fallo judicial, entendiendo que "el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar dictada". 

En la práctica, la medida implicará, por un lado, el eventual retaceo de giro de fondos que ordenó la Corte al Gobierno para darle a la Ciudad, pero también incluye una presentación judicial para recusar a los ministros de la Corte Suprema en una acción inédita y avanzar con una depuración directa del máximo tribunal judicial.

Con su fallo, el máximo tribunal reconoce que al Gobierno porteño le corresponden entre unos $ 174.000 millones y $ 191.000 millones más que los presupuestados. Se calcula que esta restitución de la coparticipación a favor de CABA tendrá un impacto fiscal de entre 0,12 y 0,13 por ciento del PBI.

Esto obligará al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias o conseguir recursos adicionales para cumplir con la meta de déficit primario de 1,9% en un año electoral y con un ajuste ya en marcha.

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