Economía > Aplicación
Cómo se ajustarán ahora las cuotas en los colegios privados tras la desregulación
Bajo la nueva normativa, las instituciones educativas privadas sin subsidio estatal definirán de forma autónoma el valor de sus cuotas, pudiendo ajustarlas durante el ciclo lectivo según sus costos operativos.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional derogó el Decreto 2417 de 1993, poniendo fin a más de tres décadas de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados sin aportes estatales. A partir de esta medida, las instituciones educativas de este sector podrán ajustar sus cuotas y matrículas de manera autónoma, sin requerir autorización previa de las autoridades. El cambio modifica estructuralmente la dinámica de financiamiento de estas escuelas y la planificación del gasto para las familias.
La modificación se formalizó a través de una propuesta del Ministerio de Capital Humano, que consideró que el marco anterior obligaba a las escuelas a informar, antes de noviembre de cada año, el valor de la matrícula y todas las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Según la argumentación oficial, este sistema generaba aumentos preventivos y desfasados de la realidad económica, al basarse en proyecciones macroeconómicas inciertas. Datos oficiales indican que durante 2024, mientras la inflación general fue del 117,8%, las cuotas escolares subieron un 169%, un incremento 44 puntos porcentuales por encima del promedio de precios.
Con la nueva normativa, los establecimientos educativos podrán modificar los importes de las cuotas en función de sus costos operativos, sin necesidad de comunicar los aumentos con antelación ni esperar una aprobación estatal. No existirán topes ni plazos fijados por la autoridad educativa, aunque las instituciones deberán informar los nuevos valores a los organismos correspondientes una vez que los establezcan. El objetivo declarado es permitir ajustes graduales y realistas, que alineen el gasto educativo con el resto de las partidas del hogar.
Este nuevo esquema regirá para los colegios privados sin aportes estatales, un universo que representa aproximadamente el 6% del total de establecimientos educativos del país, equivalente a alrededor de 2.000 instituciones distribuidas en todo el territorio nacional. La actualización alinea las reglas del sector con el régimen federal vigente para universidades e institutos, donde las instituciones ya definían sus aranceles sin control previo del Poder Ejecutivo.
Para las familias, el cambio implica que el costo mensual de la educación privada podrá variar con mayor frecuencia, aunque con incrementos teóricamente más acotados. Desaparece la obligación de recibir la comunicación de la cuota anual en noviembre, por lo que las variaciones podrán producirse en cualquier momento del año escolar. Para los colegios, la mayor autonomía presupuestaria les permitirá ajustar sus valores ante incrementos en costos salariales o de servicios, sin esperar a fin de año ni someterse a una aprobación estatal, lo que según las instituciones favorecerá la proyección de inversiones y la sostenibilidad del servicio educativo.