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Justicia obliga al Gobierno a actualizar salarios docentes y becas
La Justicia Federal ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de forma inmediata los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, que prevén la actualización de salarios docentes y no docentes, así como la recomposición de becas estudiantiles.
POR REDACCIÓN
Un juez federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Gobierno nacional aplicar de inmediato los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), que establecen la actualización y recomposición de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales y de las becas estudiantiles conforme al índice inflacionario.
La decisión del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, deja sin efecto de forma cautelar el decreto del Poder Ejecutivo que había suspendido la aplicación de la ley al considerar que no establecía expresamente las fuentes de financiamiento necesarias para su ejecución.
La presentación judicial había sido iniciada por el CIN a fines de octubre de 2025, cuando cuestionó la suspensión de la norma y solicitó tanto la declaración de inconstitucionalidad del decreto como el cumplimiento inmediato de la ley, argumentando que la falta de actualización salarial y de becas deteriora el poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes e impacta negativamente en el funcionamiento normal del sistema universitario.
El fallo considera que la suspensión en la práctica de la ley genera una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” por parte del Estado al afectar derechos laborales, educativos y la autonomía institucional de las casas de estudio, y ordena que la aplicación de la norma rija de forma inmediata hasta que se resuelva el fondo del asunto en una sentencia definitiva.
Esta resolución judicial representa un revés al accionar del Gobierno, que había buscado frenar la vigencia de la ley mediante un decreto, y pone en pie de atención a universidades, gremios docentes y organizaciones estudiantiles, que ven en la medida una defensa del financiamiento de la educación superior pública.