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Egresados en Seguridad Ciudadana deberán realizar nuevo curso para ingresar a la policía
Entre la frustración de los egresados y la insistencia institucional en estándares actualizados, la Policía de San Juan implementa un polémico curso de nivelación para diplomados, replanteando los criterios de ingreso a la fuerza.
La Policía de San Juan se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de su sistema de formación inicial, una medida que ha generado un fuerte malestar entre un centenar de egresados de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana que aguardaban su incorporación a la fuerza. La disposición, emanada de la Secretaría de Seguridad, establece que estos graduados, que completaron sus estudios entre 2022 y 2023, deben someterse a un curso de actualización de cuatro meses antes de cualquier posible nombramiento, lo que ha sido percibido por los afectados como una invalidación de su título y un trato injusto. Ante esto, informaron que este jueves 18 de septiembre, concentrarán frente a la Casa de Gobierno.
Los diplomados argumentan que, tras dos años de formación académica, guardias en la escuela de policía y una residencia, además de haber sido declarados aptos en los estudios médicos y psicológicos, se encontraban en los primeros puestos de la lista de espera. La convocatoria a un nuevo proceso eliminatorio, que incluye doce materias y una reevaluación psicológica, les resulta inviable debido a que la mayoría se encuentra trabajando y no puede abandonar sus empleos para dedicarse a tiempo completo a esta nueva capacitación. Además, denuncian presiones para firmar actas de confidencialidad con el fin de que la situación no trascienda al máximo nivel gubernamental.
Frente a esta postura, la voz oficial de la institución, representada por la Comisario Mayor Patricia Herrera, a cargo de la Escuela de Formación Policial, ofreció en Radio Sarmiento, una perspectiva fundamentada en la responsabilidad institucional y la evolución de los requerimientos del servicio. Desde esta gestión se sostiene que la medida no responde a una descalificación de la formación previa, sino a la necesidad imperiosa de actualizar conocimientos tras un prolongado período de espera, que en algunos casos supera los tres años desde el egreso.
Se argumenta que, en este lapso, los sistemas judiciales y los protocolos de actuación policial han experimentado cambios significativos, particularmente en la coordinación con el Ministerio Público Fiscal. Tecnologías como los Dispositivos Electrónicos de Movilización Momentánea (DEIM) (conocidas como taser) se han incorporado recientemente a la logística operativa, y conceptos fundamentales como el uso racional de la fuerza y los primeros auxilios emocionales requieren ahora una mayor profundización. La institución enfatiza que no es responsable colocar un arma reglamentaria a un ciudadano cuya formación puede estar desactualizada, subrayando el compromiso con la seguridad de la sociedad.
El curso de actualización, técnicamente denominado "Curso de Actualización para Diplomados en Seguridad Ciudadana", está estructurado en tres áreas principales: formación general y fundamentos (actualización social, legal-normativa y ética policial), formación específica (criminología, investigación criminal, gestión de conflictos y tecnologías de la información) y formación práctica (manejo de armas y tiro, uso de herramientas como Taser, defensa personal y simulación de escenarios críticos).
Desde la jefatura de la formación policial se desmiente que el proceso sea "eliminatorio" en los términos absolutos que se han manejado públicamente. Si bien se pondera de manera crucial la aptitud en el manejo de armas de fuego y la preparación psicológica por tratarse de competencias vitales para el ejercicio de la función, se aclara que no se pretende la exclusión masiva. Se plantea, más bien, un sistema de evaluación que permita nivelar los conocimientos y ofrecer oportunidades de recuperación en aquellas áreas donde se detecten deficiencias, respetando la inversión de tiempo y esfuerzo que los diplomados ya han realizado.
El conflicto pone de relieve una tensión inherente a la administración de los recursos humanos en instituciones de seguridad. Por un lado, la legítima expectativa de ingreso de quienes cumplieron con un programa de estudios avalado en su momento. Por otro, la obligación del Estado de garantizar que los agentes que incorpore estén capacitados bajo los estándares más actuales y rigurosos, especialmente en un contexto donde la complejidad del delito y las exigencias ciudadanas hacia la fuerza pública no dejan de evolucionar. La resolución de este desencuentro marcará un precedente significativo para el futuro del reclutamiento y la formación policial en la provincia.