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Juicios por daños y perjuicios: el Estado reclama más de $4 millones por cada amenaza de bomba
La Fiscalía de Estado de San Juan demandará civilmente a los responsables de las 16 amenazas de bomba ocurridas en lo que va del año.
La Fiscalía de Estado de San Juan confirmó que a partir de la próxima semana se iniciarán las primeras demandas civiles contra los responsables de las reiteradas amenazas de bomba registradas en edificios públicos de la provincia. Así lo anunció el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, durante una conferencia de prensa en la que detalló los alcances de la medida.
“Desde hace aproximadamente dos semanas, empezamos a trabajar con los equipos del área penal y del área de daños y perjuicios a los fines de encarar este tema desde el punto de vista judicial”, explicó Dávila.
El funcionario precisó que las acciones abarcarán tanto a personas mayores de edad como a los padres de los menores involucrados. “Vamos a iniciar acciones civiles por demanda por daños y perjuicios contra todas las personas mayores de edad que están involucradas en esto y contra las personas mayores de edad que tienen responsabilidad de tutela parental, es decir, por los hechos ocasionados por sus menores que tienen bajo su guarda”, señaló.
El monto mínimo de las demandas será de $4.000.000, cifra que puede aumentar según el tipo de daño ocasionado. “Ese monto surge del costo de los operativos en el hospital Rawson y en la Escuela Boero. A partir de ahí, hacia arriba, porque también hay otros daños: los directos, los indirectos y los colectivos”, indicó.
En lo penal, la Fiscalía continuará constituyéndose como querellante en todos los procesos contra mayores de edad, mientras que en el caso de menores, si bien no puede intervenir de la misma manera, sí lo hará como víctima. “Nosotros vamos a procurar que aquellos menores que están en conflicto con la ley penal reciban la tutela de la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia. Allí se los someterá a estudios familiares, vecinales y sociales, y eventualmente al Programa de Justicia Restaurativa Juvenil que ya está previsto en el Poder Judicial de San Juan”, precisó.
Dávila confirmó que las medidas abarcan todos los casos ocurridos durante este año. “En total tenemos contabilizados 16 casos, de los cuales ocho han sido protagonizados por personas mayores y los otros ocho por menores. A todos ellos les vamos a iniciar acciones por daños y perjuicios: a los mayores, en su caso, y a los menores, a sus padres”, explicó.
El fiscal remarcó que no se trata de sanciones económicas, sino de resarcimientos por el perjuicio causado al Estado. “El patrimonio de la provincia se ve afectado porque hay un desvío de recursos económicos esenciales para el funcionamiento del Estado. Nosotros tenemos la obligación de recuperarlos”, enfatizó.
Finalmente, Dávila advirtió sobre la gravedad de este tipo de delitos, tipificados como intimidación pública en el artículo 211 del Código Penal. “Queremos evitar que se sigan produciendo estas llamadas. Si lo hacen, tendrán consecuencias muy duras, porque la verdad es que los montos van a ser muy duros”, concluyó.