10 años del derrame en Veladero: una herida que no cierra en la cordillera sanjuanina

El 13 de septiembre de 2015 quedó marcado como una fecha negra en la historia ambiental argentina. Aquel día, el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero, operada por Barrick Gold, modificó para siempre la relación de miles de habitantes sanjuaninos con la minería, el agua y las instituciones.

A diez años de aquel episodio, la herida continúa abierta. En las comunidades del norte sanjuanino (Iglesia y Jáchal) persisten reclamos por respuestas, controles, información y garantías sobre el cuidado de los recursos naturales.

La voz que despertó a un pueblo

El primer aviso del derrame no surgió de un comunicado oficial ni de una alerta emitida por las autoridades. La noticia de lo que luego se convertiría en uno de los episodios ambientales más recordados de la minería argentina comenzó a circular la noche del domingo 13 de septiembre de 2015 a través de una cadena de mensajes de WhatsApp.

Un trabajador de la mina Veladero advirtió a familiares y amigos sobre lo ocurrido con un mensaje tan breve como estremecedor: “No tomen agua. No bañen a los niños. Hubo un derrame en la mina”.

Mientras la provincia dormía, la alarma se propagó de teléfono en teléfono. En un primer momento comenzó a hablarse de un derrame de 15.000 litros de solución cianurada. Sin embargo, esa cifra estaba muy lejos de la magnitud que luego sería reconocida oficialmente.

Una falla técnica y más de un millón de litros derramados

De acuerdo con la investigación judicial, una válvula del sistema que transportaba solución cianurada “rica” hacia el valle de lixiviación presentó una falla. El líquido, en lugar de ser contenido dentro del circuito operativo, encontró una vía de escape a través de una compuerta que debía permanecer cerrada.

La solución cianurada alcanzó la cuenca del río Jáchal, uno de los sistemas hídricos más importantes del norte sanjuanino.

La reacción social fue inmediata. En Jáchal e Iglesia, vecinos que hasta minutos antes descansaban o preparaban el inicio de una nueva semana salieron de sus casas para exigir respuestas.

La incertidumbre era absoluta: nadie podía asegurar si el agua que llegaba a los hogares era segura para beber, cocinar o bañar a los niños. Ese miedo quedó grabado en la memoria de miles de familias.

El nacimiento de una resistencia socioambiental

En los días siguientes comenzaron las movilizaciones, los cortes de ruta y el reclamo para que Barrick Gold abandonara la provincia. En ese contexto nació la Asamblea Jáchal No Se Toca, que con el paso de los años se convirtió en uno de los principales referentes de la resistencia socioambiental en San Juan.

La respuesta inicial de la empresa y del Gobierno provincial fue cuestionada por distintos sectores de la sociedad, que reclamaban información precisa y acciones inmediatas.

En un primer comunicado, Barrick reconoció la rotura de una válvula, pero calificó como “versiones infundadas” las denuncias sobre una posible contaminación de los ríos.

A partir de ese momento se abrió una intensa disputa por la información. Mientras la empresa y el Gobierno defendían sus reportes oficiales, los vecinos reclamaban conocer qué había ocurrido realmente y cuál era el verdadero alcance del derrame.

De los 15.000 litros iniciales a más de un millón

Con el avance de la investigación judicial y la creciente presión social y mediática, la dimensión del episodio comenzó a conocerse con mayor precisión.

Los 15.000 litros que circularon inicialmente dieron paso a una admisión empresarial de 224.000 litros. Finalmente, tras la intervención judicial encabezada por el juez de la Segunda Circunscripción de Jáchal, Pablo Oritja, Barrick Gold reconoció que el volumen derramado había alcanzado los 1.072 metros cúbicos de solución cianurada, equivalentes a más de un millón de litros.

La cifra, unas cincuenta veces superior a la informada en un primer momento, terminó por dimensionar la magnitud del incidente y lo convirtió en uno de los episodios de contaminación minera más relevantes registrados en Argentina.

La Justicia, los procesamientos y las consecuencias

La investigación judicial avanzó con el procesamiento de Leandro Poblete, jefe de Procesos; Segundo Álvarez, subjefe de Procesos; Carlos Cabanillas, gerente de Minas; Ángel Escudero, gerente de Prevención de Riesgos; Osvaldo Brocca, supervisor de Servicios Técnicos; David Sánchez, supervisor de Mantenimiento; Ricardo Cortéz, supervisor de Medio Ambiente; Walter Pizarro, gerente de Procesos; y Antonio Adames, gerente general de la mina.

Posteriormente, la Cámara Penal y Correccional de San Juan confirmó el procesamiento de los ocho primeros y desvinculó a Adames al considerar que, al momento del incidente, se encontraba en Buenos Aires.

Antes de que la causa llegara a juicio oral, los imputados accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation), que incluyó el cumplimiento de medidas establecidas por la Justicia y el pago de multas.

Entre esas medidas, Barrick Gold debió restablecer el valle de lixiviación a condiciones operativas seguras, mantener paralizadas las operaciones hasta completar esas tareas e incorporar un sistema permanente de videovigilancia para el monitoreo de esa infraestructura crítica.

Un punto de quiebre para la minería en San Juan

El derrame de Veladero marcó un antes y un después en la historia reciente de San Juan.

El episodio no solo modificó los estándares de control sobre la actividad minera, sino que también abrió un profundo debate sobre la política minera provincial, el funcionamiento de los organismos de fiscalización, la respuesta del sistema judicial, la licencia social de la minería, la protección de los recursos hídricos y la confianza pública en las instituciones.

Cuando ocurrió el incidente, la provincia era gobernada por José Luis Gioja y el Ministerio de Minería estaba a cargo de Felipe Saavedra. Las primeras respuestas oficiales fueron consideradas insuficientes por amplios sectores de la sociedad, que reclamaban información clara, medidas urgentes y transparencia frente a un episodio de enorme impacto ambiental.

En ese contexto intervinieron el Ministerio de Minería, la Secretaría de Control y Gestión Minera, el Departamento de Hidráulica y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), convocada para realizar una evaluación técnica independiente.

El cambio de gobierno y la sanción histórica

Pocos meses después, el 10 de diciembre de 2015, asumió la gobernación Sergio Uñac. El nuevo mandatario expresó públicamente su malestar con Barrick Gold y ordenó la suspensión preventiva de las operaciones hasta contar con garantías de que la mina retomaría su actividad bajo condiciones que aseguraran el respeto por el ambiente.

Como resultado de las investigaciones administrativas, el Ministerio de Minería, ya bajo la conducción de Alberto Hensel, impuso a Barrick Gold una multa de 145.696.000 pesos, equivalente entonces a aproximadamente 9,3 millones de dólares, considerada en ese momento la sanción económica más alta aplicada a la minería argentina.

La empresa abonó la multa y, en un comunicado oficial, expresó: “Lamentamos profundamente este incidente y esperamos, desde este punto, reconstruir un camino de confianza con la comunidad”.

Más de una década después, Veladero continúa siendo una marca profunda en la memoria de San Juan. No solo por el volumen del derrame, sino porque aquel episodio transformó para siempre la relación entre la minería, el Estado y una sociedad que desde aquella noche de septiembre de 2015 comenzó a mirar la actividad extractiva con otros ojos.

La memoria diez años después: miedo, bronca y desencanto

DIARIO HUARPE viajó hasta el corazón de Iglesia y Jáchal, dos departamentos ubicados en el norte de la provincia, para escuchar a vecinos, productores, referentes sociales y trabajadores que, a pesar del paso del tiempo, aseguran no haber olvidado lo que vivieron aquel septiembre de 2015.

Sus testimonios revelan una mezcla de sentimientos que atraviesa a gran parte de las comunidades: la incertidumbre de aquel momento, la bronca por las respuestas recibidas y el desencanto frente a un modelo de desarrollo que, según expresan, no cumplió las expectativas prometidas.

"Con el cianuro no se juega"

Marcio Espejo tenía apenas 12 años cuando ocurrió el derrame. Hoy, con 22 años y viviendo en Rodeo, Iglesia, recuerda con claridad el miedo que se instaló en su familia y en toda la comunidad.

“Ese día no sabíamos si podíamos bañarnos o tomar agua”, relató.

Para Marcio, aquel episodio modificó la manera en que muchos vecinos comenzaron a observar su entorno: “Nos volvimos más incrédulos, más precavidos, más conscientes de la realidad. Empezamos a prestar más atención a lo que estaba pasando a nuestro alrededor”.

Actualmente Marcio integra un grupo de 357 personas que, desde hace cinco años, reclaman trabajo digno y cuestionan la precariedad laboral en el departamento.

“Estamos en el pueblo del oro y todavía hay gente en mi departamento que tiene letrina”, sostiene con indignación.

Sus palabras reflejan una de las principales contradicciones que atraviesan a Iglesia: una economía vinculada históricamente a la minería, pero donde muchos habitantes aseguran que los beneficios no alcanzaron a transformar las condiciones de vida de gran parte de la población.

Derrames, enfermedades y una confianza quebrada

Milton Brizuela, también vecino de Rodeo, recuerda que el derrame generó un profundo impacto en la comunidad.

“En el pueblo causó mucho revuelo, mucho miedo, y creo que desde ese momento ya nada fue lo mismo”, expresó.

Según su mirada, la actividad minera transformó no solo la economía local, sino también la relación de los habitantes con su territorio.

“Sentimos que cambió el clima y el aire de Iglesia. Hoy no llueve como antes, estamos sintiendo calor cuando antes no lo sentíamos. Tenemos desconfianza de la calidad del agua que baja por los ríos, del agua que tomamos e incluso de nuestra salud”, afirmó.

Milton asegura percibir un aumento de enfermedades que, según su experiencia personal y la de otros vecinos, antes no eran habituales. Entre ellas mencionó el cáncer, aunque esa relación no está determinada por estudios epidemiológicos públicos que establezcan una vinculación directa con la actividad minera.

Más allá de esa percepción, su principal cuestionamiento apunta al desarrollo económico del departamento.

“¿Por qué Iglesia no es más rico si es el corazón de la minería? ¿Por qué algunos tienen tanto y otros nada?”, se pregunta.

Y agrega: “Acá hay gente viviendo todavía en casas precarias. Hay personas que no pueden ni siquiera comprar medicamentos. Hay gente que vive el día a día y no puede pensar en el futuro”.

En sus palabras aparece una preocupación repetida entre varios entrevistados: la desigualdad.

“Hay mucha diferencia de clases sociales y muchos niños que no tienen qué comer”, sostiene.

Campo seco, ganado perdido

Oscar Varela preside la Asociación Agrícola Ganadera Buena Esperanza y representa a pequeños productores que sostienen actividades vinculadas al cultivo y la cría de animales, dos sectores que, según afirma, atraviesan una situación crítica en el norte sanjuanino.

Para él, una década después del derrame, la preocupación continúa presente.

“Creo que la contaminación no terminó. Es como que no se cerró, como que está ahí, al igual que el temor de que vuelva a pasar”, expresó.

Varela cuestiona que localidades cercanas a grandes proyectos mineros, como Veladero y Vicuña, continúen teniendo problemas vinculados al acceso al agua potable.

“Me parece increíble estar al lado de un yacimiento como Veladero y que Buena Esperanza y otras localidades de Iglesia no tengan agua potable”, afirmó.

Según su mirada, las empresas mineras deberían comenzar por comprender las necesidades de las comunidades antes de avanzar con sus proyectos.

“Primero tienen que ver qué necesita la comunidad, cómo pueden ayudar, cómo la pueden desarrollar, y después armar su proyecto minero. Pero hasta ahora hemos visto muy poco de eso”, señaló.

Su pedido, asegura, no es contra la actividad minera, sino por un modelo que genere oportunidades reales para quienes habitan el territorio.

“Nos quitaron el agua y la esperanza”

Jorge Olivares, productor y albañil de Jáchal, asegura que el derrame tuvo consecuencias profundas sobre la agricultura del departamento.

“La cebolla y el membrillo, que eran los productos fuertes de Jáchal, se volvieron inviables económicamente porque nadie los quería comprar por temor a que estuvieran contaminados”, explicó.

Según relató, muchos productores debieron abandonar la actividad porque los costos de producción dejaron de ser sostenibles.

“La bolsa este año se vendió a 800 pesos, cuando producirla vale aproximadamente 3.200”, ejemplificó.

Olivares pudo reinventarse como albañil, pero asegura que muchos productores no tuvieron esa posibilidad.

“¿Qué hace la gente que solo sabe sembrar? Se queda sin nada”, planteó.

Además, cuestionó el funcionamiento de los controles estatales y denunció, desde su perspectiva, que los beneficios económicos de la actividad extractiva no se distribuyen de manera equitativa.

“La ayuda no llega a quien la necesita, las riquezas quedan en círculos cerrados”, afirmó.

Su enojo aparece también al hablar del acceso al agua.

“Iglesia y Jáchal están sentados sobre el oro y hay mucha gente sin trabajo. La verdad, no entiendo eso. Además, por seguridad nos obligaron a comprar el agua para tomar y cocinar a 4.000 pesos el bidón. ¿Cómo puede ser eso?”, cuestionó.

“Jugaron con la vida de nuestros hijos”

Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, fue uno de los primeros vecinos en alzar la voz en su departamento después del derrame.

Para él, aquel episodio marcó un antes y un después en la relación entre la comunidad, la minería y el Estado.

“Fue el principio del fin. Teníamos nuestros hijos chicos y no sabíamos si les habíamos dado agua contaminada, si los habíamos bañado. La desazón de no saber qué era lo que había pasado era terrible. Fue un desconcierto y una agonía total”, recordó.

Zeballos cuestiona la respuesta institucional durante las primeras horas y sostiene que la falta de información oficial profundizó el temor de los vecinos.

“Durante semanas nadie nos informó nada. El Gobierno provincial y nacional desapareció, nunca emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a las comunidades”, afirmó.

El referente de la Asamblea considera que aquel primer derrame fue apenas el inicio de una etapa de mayor desconfianza. También menciona los incidentes reconocidos posteriormente por la empresa, ocurridos en septiembre de 2016 y marzo de 2017, y sostiene que hubo otros episodios que, según análisis realizados por distintos actores, generaron preocupación por la presencia de metales en la cuenca del río Jáchal.

“El mercurio entra en la cadena alimentaria. Es decir, están jugando con la salud de generaciones futuras”, advierte.

Para Zeballos, el problema central sigue siendo la falta de controles y acceso público a la información.

“No hay controles, no hay datos públicos, solo hay más pobreza y menos agua”, sentencia.

Una comunidad dividida, un futuro incierto

Roque Poblete, vecino de Las Flores, resume la situación de su comunidad con una frase cargada de nostalgia:

“Hace 30 años Iglesia exportaba a otras partes del mundo productos del campo. Ahora todo está seco”.

Según su mirada, el departamento perdió parte de sus actividades tradicionales y la confianza en que la minería pudiera generar un desarrollo equilibrado.

“Ya no tenemos miedo por nosotros, sino por los jóvenes”, afirma.

En la misma línea, Violeta Díaz, madre y vecina de Angualasto, recuerda el impacto emocional que tuvo aquel 13 de septiembre de 2015.

“Sentí terror por mis hijos”, expresa.

Díaz asegura que la ayuda oficial llegó durante un período breve, pero que muchos problemas estructurales permanecieron.

“Las vegas y el campo están secos, los animales se mueren. Y los jóvenes de Angualasto y de localidades como la nuestra se están yendo porque no hay futuro”, sostiene.

“La minería no es para vivir, es solo pan para hoy”

Analía Espejo, artesana de Bella Vista, fue desde un comienzo crítica del modelo de desarrollo asociado a la minería.

“La minera nos va a desaparecer. Estamos perdiendo las raíces por querer vivir mejor”, reflexiona.

Para ella, la respuesta está en fortalecer las actividades tradicionales y el vínculo de las nuevas generaciones con el territorio.

“Hay que enseñarles a los niños a defender lo nuestro. La minería es pan para hoy y hambre para mañana”, afirma.

Lucas Benito Guevara, artista y pequeño productor de Angualasto, comparte esa preocupación.

“Nos dieron apoyo al principio, después nada. Las cooperativas quedaron en manos de vivos. No hay agua, no hay trabajo y los jóvenes se van”, sostiene.

Los números no cierran

Víctor Alberto Grau, propietario de Estancia Guañizuil y presidente de la Cámara de Turismo, Industria y Comercio de Iglesia, también cuestiona el impacto económico de la actividad minera en el departamento.

“En Iglesia entraron 200 millones de dólares en 20 años y nadie sabe dónde están”, denuncia.

Además, asegura que la situación social del departamento contradice el discurso de progreso asociado a la minería.

“De 8.700 habitantes que tiene Iglesia, 7.000 personas están bajo la línea de pobreza”, afirma.

Grau sostiene que, en este contexto, la licencia social de la minería atraviesa un momento crítico.

“En la Cámara somos 150 socios y más de 70 son comerciantes. Hablo permanentemente con ellos y todos viven en un océano de queja y reclamo. Y es real, no es que están llorando en un Ferrari. Están llorando en una bicicleta. Tienen un almacén, una despensa, un restaurante, pero hay gente que no tiene plata ni para cargar nafta al auto. La situación es crítica”, describe.

Un turismo que quedó relegado

Rodrigo Gómez, operador turístico de Las Flores, asegura que el derrame también tuvo consecuencias sobre esa actividad.

“La gente dejó de venir. El turismo se cayó y todos se volcaron a la minería. Hoy nadie invierte en turismo”, lamenta.

Sin embargo, mantiene expectativas de que los futuros proyectos mineros puedan generar beneficios concretos para las comunidades.

“Ojalá algún día las empresas mineras se sienten y digan: vamos a invertir en Iglesia, vamos a acompañar al pueblo, porque se lo merecen, porque el oro es de ellos”, expresa.

A diez años, la herida sigue abierta

El aniversario del derrame de Veladero no representa solamente una fecha en el calendario. Es la memoria de un episodio que modificó la relación de miles de sanjuaninos con el agua, la minería y las instituciones.

Las voces recogidas por DIARIO HUARPE muestran una comunidad atravesada por sentimientos contradictorios: dolor, bronca, desconfianza y frustración, pero también por la necesidad de construir un futuro diferente.

Diez años después, el debate continúa abierto. Para algunos, el desafío es recuperar la confianza y demostrar que la minería puede convivir con el territorio. Para otros, la experiencia de Veladero dejó una advertencia sobre los límites de un modelo basado en la extracción de recursos naturales.

En el norte sanjuanino, la discusión sigue siendo la misma que nació aquella noche de septiembre de 2015: qué tipo de desarrollo quiere una comunidad y quiénes deben beneficiarse de las riquezas que existen bajo sus montañas.

“Para mí, la clave está en la unión de los iglesianos, de los jachalleros y todos los sanjuaninos en defensa de lo que nos corresponde como pueblo. Porque, en definitiva, las riquezas son nuestras y están en nuestras tierras”, concluyó Oscar Varela, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de Buena Esperanza.

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