Obra pública en San Juan: empresarios piden renegociar contratos

El Gobierno de San Juan anunció este miércoles el adelanto del pago de certificados de obra pública a 30 días, con el objetivo de aliviar a las empresas y continuar con el ritmo de construcción. Esta decisión fue parte de un acuerdo con las autoridades con las diferentes cámaras de la construcción de la provincia, dada la inflación que azota la actividad. En este contexto, empresarios celebraron la medida, puesto que es una solicitud de las compañías que ya lleva tiempo. Sin embargo, aclararon que en esta situación económica nada es suficiente y que llegará un punto en el cual habrá que renegociar los contratos de algunas obras cuya ejecución está planeada a largo plazo.

DIARIO HUARPE habló con Julián Rins, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) delegación San Juan, y con Miguel Gili, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan Sociedad Civil (Caemco). Con diferentes matices, cada uno de los referentes ven de manera muy positiva que los pagos de la obra pública se adelanten 30 días. Es que, hasta el momento, el Gobierno de San Juan estaba liquidando con 60 días de demora, lo que licuaba los certificados según la inflación correspondiente de cada mes. A pesar de esto, sugirieron que, lamentablemente, hasta que no haya soluciones de fondo, cualquier medida sigue siendo un parche a la situación nacional.

“Todo lo que sea el cobrar antes ayuda muchísimo. Nosotros vemos muy positiva la noticia de que el gobierno de San Juan vaya a pagar a 30 días y no a 60. No es una solución de fondo, pero la verdad es que hoy tampoco se puede dar. La realidad es que el gobierno no tiene herramientas para eso”, dijo Rins.

Por su parte, Gili reconoció que el adelantamiento del pago es una medida que las empresas vienen buscando desde hace mucho tiempo, pero consideró que la situación es muy grave como para considerar que una sola decisión es insuficiente en este contexto tan complicado donde hay inflaciones mensuales de dos dígitos.

En este contexto, ambos dirigentes plantearon la necesidad que, después de las elecciones y ya con el gobierno de Marcelo Orrego, se renegocien los contratos de las obras que están planteadas para largo plazo. Es decir, que no terminan en diciembre y cuyo tiempo restante de ejecución es, por ejemplo, de 24 meses. “Una obra que termine en diciembre, no va a llegar la renegociación. Ahora, una obra de 24 meses que está en el mes dos definitivamente, o va a una renegociación o va a una rescisión”, explicó Rins.

“Sin duda hay un desequilibrio muy grande y la renegociación de los contratos es lo que van a tener que hacer, porque no hay otra forma”, se sumó Gili.

En definitiva, los empresarios asumieron que las medidas que viene tomando el Gobierno provincial son beneficiosas, pero que las soluciones que deben ser planteadas deben venir desde el orden nacional. El reordenamiento de la inflación, sobre todo. Pero, con tres modelos de país planteados por los candidatos presidenciables con chances reales de ser presidentes, la incertidumbre acrecienta y complica las economías. La corrida bancaria y cambiaria que se vive antes de las Elecciones Generales del 22 de octubre es un síntoma de ello. De hecho, los empresarios pusieron todas las expectativas a lo que suceda después de las elecciones.

Las medidas del Gobierno local para aliviar a la construcción

Como se comentó anteriormente, el Gobierno actual propuso el adelanto de los pagos de 60 a 30 días. En este marco, este mes se pagarían a las empresas encargadas de la obra pública los certificados correspondientes a septiembre y, conforme vayan saliendo los de octubre, acomodarse para cumplir con los mismos.

Asimismo, un acuerdo entre las autoridades salientes y las de la futura gestión de Orrego permitió que este jueves se trate en la Cámara de Diputados la prórroga de la Ley de Declaración de Emergencia en materia de la Obra Pública. Todo indica que esta legislación que aporta un 20% o 30% más a los certificados será prorrogada con acuerdo de distintos sectores.

En relación con esto, Gili indicó que desde la Caemco están solicitando hacer una reforma de la ley, dado que esos porcentajes ya quedaron retrasados. “Esta ley es un tope de incremento en los precios de los contratos de un 20%. Obviamente, el 20% ha quedado completamente desactualizado. Ayuda, viene bien, pero realmente es insuficiente. Por lo tanto, estamos planteando con los equipos de trabajo ver la forma de hacer una nueva ley de emergencia, un nuevo delta, que nos permita renegociar los contratos puntualmente”, contó.