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Emergencia en Discapacidad: el Gobierno prepara freno judicial a la ley
Tras la derrota legislativa por el veto presidencial, la Casa Rosada prepara una estrategia legal para impedir que la norma entre en vigencia y plantea ajustes presupuestarios en programas vinculados al sector.
POR REDACCIÓN
Por primera vez desde el inicio de la gestión, el Gobierno nacional sufrió un duro revés político en la Cámara de Diputados, que dejó sin efecto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, que plantea la actualización automática de aranceles para prestadores y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa.
Lejos de resignarse, en la Casa Rosada ya trabajan en una estrategia judicial para impedir la implementación de la ley, en caso de que el Senado también confirme el rechazo al veto. La decisión responde al impacto fiscal que el oficialismo considera “inviable” en el marco del plan de ajuste que sostiene el gobierno de Javier Milei.
Un frente judicial en marcha
En el Ejecutivo analizan dos caminos: por un lado, cuestionar la legalidad del procedimiento legislativo, argumentando que la convocatoria a sesiones es atribución presidencial; por otro, denunciar la falta de previsión financiera para cumplir con las obligaciones que establece la ley. Esta última vía aparece como la más probable, dado que el Gobierno sostiene que el Congreso no puede imponer normas sin garantizar los recursos para ejecutarlas.
La posibilidad de judicializar el tema no es nueva. El propio Milei había anticipado: “Si me rechazan el veto, lo voy a judicializar. No va a tener efecto en el gasto público”. Con este mensaje, dejó en claro que, incluso ante una derrota parlamentaria, buscará frenar cualquier aumento de erogaciones.
Anuncios y maniobras políticas
Antes del debate en Diputados, el Gobierno intentó suavizar el costo político del veto. El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó en redes sociales que “se está evaluando un incremento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”, medida que –según explicó– sería posible gracias a auditorías que detectaron pensiones mal otorgadas. Sin embargo, en Balcarce 50 admiten que la posibilidad de aplicar ese anuncio quedó supeditada a lo que ocurra en el Congreso y a la decisión final del Presidente.
Por ahora, la alternativa inmediata sería modificar partidas mediante reasignaciones presupuestarias, sin incorporar nuevas erogaciones. A mediano plazo, el plan incluiría una revisión del padrón de beneficiarios del programa Incluir Salud para reducir costos y redirigir fondos hacia prestaciones específicas.
Encuentros en la Casa Rosada
En los últimos días se intensificaron las reuniones en el círculo más cercano a Milei. El ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura clave del denominado “triángulo de hierro”. También participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. La directiva principal es clara: no avanzar con la ejecución de la ley y respaldar cualquier objeción en la Justicia.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La norma declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo es garantizar el acceso a derechos esenciales para las personas con discapacidad, en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
Entre los puntos más relevantes, contempla:
- Actualización automática de aranceles por inflación para las prestaciones básicas reguladas por la Ley 24.901.
- Regularización de pagos a prestadores y protección del sistema de atención.
- Creación de pensiones no contributivas para personas con discapacidad que no acceden a otros beneficios.
- Revisión y modernización del sistema de certificación de discapacidad, ajustado a estándares internacionales.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el impacto fiscal de estas medidas rondaría entre 0,25% y 0,45% del PBI, aunque advierte que podría aumentar por disposiciones no cuantificadas. Para el Gobierno, este costo resulta incompatible con la meta de equilibrio fiscal.
Con la votación en Diputados, el tema ahora pasa al Senado, donde se definirá si la ley se mantiene vigente o no. Mientras tanto, el Ejecutivo afila sus herramientas jurídicas para evitar que la normativa se traduzca en gastos adicionales, en un escenario donde la tensión entre ajuste y políticas sociales promete seguir escalando.