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Por tercer día consecutivo, evacuaron una escuela de Rawson por una amenaza de bomba
Amenaza de bomba por tercer día consecutivo en una escuela de Rawson. Las autoridades anuncian demandas millonarias contra los responsables y lanzan una campaña de concientización en las aulas.
POR REDACCIÓN
Durante la mañana de este viernes 19 de septiembre de 2025, efectivos policiales debieron presentarse nuevamente en la Escuela Barrio Ejército de Los Andes, ubicada en el departamento de Rawson, tras recibirse una nueva amenaza de bomba. Por tercera vez en la semana, el establecimiento educativo fue evacuado de forma preventiva como protocolo de seguridad ante la supuesta presencia de un explosivo. El operativo involucró a personal docente, alumnos y personal no docente, quienes debieron abandonar las instalaciones ubicadas sobre calle José López entre Portugal y Estados Unidos.
Contexto provincial de amenazas reiteradas
Las reiteradas amenazas de bomba en edificios públicos y escuelas de la provincia de San Juan han generado una fuerte respuesta por parte de las autoridades. En lo que va del año, se han contabilizado dieciséis casos de este tipo, los cuales han provocado la interrupción de actividades y el desvío de recursos públicos esenciales. Según informes del Ministerio de Educación, estas amenazas siguen un patrón recurrente, concentrándose principalmente en épocas de recuperación de contenidos y exámenes escolares, y siendo en su mayoría protagonizadas por menores de edad.
Medidas judiciales y económicas anunciadas
Ante esta problemática, la Fiscalía de Estado de San Juan ha anunciado el inicio de severas medidas judiciales. A partir de la próxima semana, se presentarán las primeras demandas civiles por daños y perjuicios contra todos los responsables de las amenazas registradas durante el año. Estas acciones legales se dirigirán tanto a personas mayores de edad como a los padres o tutores de los menores involucrados, quienes deberán responder civilmente por los hechos. El objetivo es el resarcimiento económico al Estado por el perjuicio causado, con un monto mínimo reclamado de cuatro millones de pesos por cada amenaza, cifra que cubre los costos de los operativos de seguridad y que podría incrementarse según los daños directos, indirectos y colectivos generados. En el ámbito penal, este delito está tipificado como intimidación pública en el artículo 211 del Código Penal, y la Fiscalía de Estado se constituirá como querellante en todos los procesos contra mayores de edad. Para los menores, el Estado intervendrá como víctima y procurará la tutela de la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia, evaluándose su inclusión en el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil.
Estrategias de concientización en el ámbito educativo
De manera complementaria a las acciones judiciales, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha una estrategia preventiva. La medida principal será la realización de una jornada de concientización masiva el próximo martes 23 de septiembre en todas las escuelas de la provincia. Esta iniciativa está dirigida específicamente a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y a todos los niveles de secundaria, donde se registra la mayor cantidad de casos. La campaña tiene como pilar fundamental la participación de las familias y busca generar una reflexión sobre la gravedad de las consecuencias legales, económicas y sociales de realizar una llamada falsa. La implementación incluye la proyección de un video institucional y la generación de espacios de diálogo guiados por docentes, con el fin de que los estudiantes comprendan el impacto negativo de sus acciones en la comunidad educativa y en los servicios públicos de emergencia.