Provinciales > Polémica
Egresados de Seguridad Ciudadana protestaron por un curso que frena su ingreso a la Policía
Padres de egresados en Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo (UCC) protestaron en Centro Cívico ante la exigencia de completar una nueva capacitación de cuatro meses para ingresar a la Policía de San Juan, invalidando títulos firmados hace años.
POR REDACCIÓN
Un nutrido grupo de padres y egresados de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Católica de Cuyo se autoconvocaron para manifestarse frente al Centro Cívico de San Juan, en rechazo a una polémica medida institucional. Los afectados, que suman alrededor de 600 jóvenes graduados entre 2022 y 2023, denuncian que se les exige realizar un "curso de actualización" de cuatro meses para ser incorporados a la fuerza policial.
Los manifestantes, que se concentraron este viernes 19 de septiembre por la mañana, buscan ser recibidos por el secretario de Seguridad para presentar su moción, ya que anteriormente otros padres no habrían sido atendidos en la Casa de Gobierno.
La controversia surgió a partir de una disposición de la Secretaría de Seguridad que obliga a los diplomados, que se encontraban en la lista de espera para el nombramiento, a someterse a este nuevo proceso.
La vocera de los padres, identificada como Elena Vilches en una entrevista que dio a DIARIO HUARPE, afirmó que los jóvenes ya tienen un título que fue firmado por la Universidad Católica, el gobernador y el secretario del gobierno anterior. Por ello, consideran que la exigencia de la nueva capacitación es "inconstitucional" y que no se sustenta en ninguna ley o decreto.
Los diplomados argumentaron que ya completaron dos años de formación académica, realizaron guardias en la escuela de Policía y pasaron la residencia, además de ser declarados aptos en los estudios médicos y psicológicos.
El nuevo proceso es visto por los afectados como una invalidación de su título y un trato injusto. Además, les resulta inviable ya que la capacitación exige dedicación tiempo completo, lo que choca con el hecho de que la mayoría de los egresados se encuentra trabajando y no puede abandonar sus empleos.
Los padres de los 600 chicos afectados, quienes llevan esperando su nombramiento entre dos años y medio, tres años y hasta cuatro años, piden que, si no van a ser nombrados, se les debió avisar desde un principio para que pudieran estudiar otra carrera. También denunciaron que se ejercieron presiones para que firmen actas de confidencialidad con el fin de evitar que la situación se haga pública.
En su reclamo, los padres cuestionaron el criterio de aplicación, señalando que hay jóvenes nombrados que se recibieron en 2018, 2021 y 2022 que ya están trabajando en la fuerza.
Desde la voz oficial de la institución, representada por la comisario mayor Patricia Herrera, a cargo de la Escuela de Formación Policial, se sostiene que el curso no responde a una descalificación de la formación previa, sino a la necesidad "imperiosa" de actualizar conocimientos tras un prolongado período de espera.
La Policía sostiene que la medida es una nivelación y no un proceso eliminatorio en términos absolutos, aunque sí se pondera de manera crucial la aptitud en el manejo de armas de fuego y la preparación psicológica, competencias consideradas vitales. El objetivo es garantizar que los agentes estén capacitados bajo los estándares más actuales y rigurosos**, ofreciendo oportunidades de recuperación en áreas deficientes.
La justificación institucional se centra en que, en el lapso de espera de hasta tres años, hubo cambios significativos. Primero, en los sistemas judiciales y protocolos de actuación policial, especialmente la coordinación con el Ministerio Público Fiscal.
Segundo, hubo incorporación de nuevas tecnologías, como los Dispositivos Electrónicos de Movilización Momentánea (DEIM), conocidos como taser.
Tercero, existe la necesidad de mayor profundización en conceptos como el uso racional de la fuerza y los primeros auxilios emocionales.
La institución enfatiza el compromiso con la seguridad de la sociedad y su responsabilidad de no colocar un arma reglamentaria a un ciudadano cuya formación pueda estar desactualizada.
El "Curso de Actualización para Diplomados en Seguridad Ciudadana" consta de doce materias y se estructura en tres áreas clave: formación general y fundamentos (ética policial, actualización legal-normativa), formación específica (criminología, gestión de conflictos), y formación práctica (manejo de armas, uso de Taser, defensa personal y simulación de escenarios críticos).
El conflicto, que enfrenta la legítima expectativa de los egresados con la obligación del Estado de mantener estándares rigurosos, marcará un precedente en el futuro del reclutamiento policial de la provincia.