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Comenzó la audiencia en la Justicia contra el intendente de Angaco, José Castro
El intendente de Angaco enfrenta cargos por presunto uso de recursos municipales en un predio privado y por incumplimiento de deberes. En la audiencia se definirá si va a juicio o no.
POR REDACCIÓN
Este viernes 6 de marzo comenzó la audiencia contra el intendente de Angaco, José Castro, para determinar si irá a juicio tras ser acusado de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El proceso se desarrolla ante la Cámara Penal luego de que el tribunal rechazara distintos planteos de la defensa que buscaban suspender el inicio del debate oral.
El jefe comunal llegó a juicio a partir de una denuncia presentada por concejales del departamento por un hecho ocurrido en 2019. La acusación sostiene que en ese momento se habrían utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en el departamento Chimbas.
A partir de esa presentación, la Justicia inició una investigación que derivó en el procesamiento del intendente por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Los denunciantes señalaron que recursos del municipio habrían sido utilizados para realizar tareas fuera del ámbito de la administración pública.
En los meses previos al inicio del juicio, la defensa de Castro realizó distintos planteos judiciales para evitar que el caso llegara al debate oral. Entre ellos, impulsó un convenio aprobado por el Concejo Deliberante de Angaco mediante el cual el intendente ofrecía pagar $5 millones como reparación económica por el presunto perjuicio ocasionado al municipio.
El acuerdo fue aprobado por algunos concejales, pero generó cuestionamientos dentro del proceso judicial. Desde el Ministerio Público se planteó que un convenio de ese tipo no puede dejar sin efecto una causa penal cuando se investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
A raíz de ese planteo, además, se presentó una nueva denuncia para que se investigue si la firma y aprobación del convenio pudo constituir los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario por parte del intendente y de los ediles que votaron a favor.
En ese contexto, la defensa solicitó nuevamente la suspensión del juicio hasta que se resolviera la investigación vinculada a esa nueva denuncia. El tribunal rechazó ese pedido y resolvió continuar con el proceso judicial, habilitando finalmente el inicio del juicio.
Con la apertura del debate oral, el tribunal deberá analizar la prueba reunida durante la investigación y escuchar los argumentos de las partes. El proceso buscará determinar si el intendente es responsable de los delitos que se le atribuyen o si corresponde su absolución.
Las acusaciones que enfrenta contemplan penas que van de dos a seis años de prisión, además de la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de una eventual condena. El desarrollo del juicio será clave para definir la situación judicial del jefe comunal y el futuro de la causa iniciada por el presunto uso indebido de recursos municipales.