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La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios de Karina Milei tras una denuncia del Gobierno
Luego de una denuncia por presunta operación de inteligencia ilegal, la Justicia prohibió que medios y redes sociales difundan los audios atribuidos a Karina Milei grabados en la Casa Rosada.
POR REDACCIÓN
La Justicia federal dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados en el interior de la Casa Rosada. La decisión se conoció este lunes 1 de septiembre de 2025, luego de que el Gobierno nacional presentara una denuncia por presunta operación de inteligencia ilegal con fines políticos.
La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12. En el documento se argumenta que la difusión de las grabaciones constituye un intento de desestabilización institucional en plena campaña electoral. Según la denuncia, los audios formarían parte de una maniobra de espionaje clandestino con intenciones de alterar la opinión pública y condicionar variables económicas.
La resolución judicial establece expresamente el cese de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei que fueron grabados dentro de la sede gubernamental. El vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió el fallo a través de sus redes sociales y afirmó que la Justicia consideró que se trató de una violación a la privacidad institucional, descartando que el caso involucre cuestiones vinculadas a la libertad de expresión.
Las grabaciones fueron difundidas inicialmente por el canal de streaming Carnaval, durante una emisión del programa “Data Clave” conducido por Mauro Federico, quien declaró contar con más de cincuenta minutos de audios y anunció que serían publicados de forma progresiva. El Gobierno identificó este medio como uno de los puntos clave en la cadena de difusión.
En la denuncia también se mencionan nombres vinculados al ámbito político, mediático y empresarial. Entre ellos figuran el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalados como posibles partícipes de una estructura que habría coordinado la obtención, edición y circulación de los audios con objetivos electorales.
Mientras se avanza con la investigación judicial, el Ejecutivo nacional trabaja en paralelo para determinar cómo y desde qué dispositivos se realizaron las grabaciones, con el objetivo de establecer responsabilidades y prevenir nuevos incidentes dentro del entorno presidencial.