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Nuevo código penal talibán legaliza violencia doméstica y discriminación
El régimen de Movimiento Talibán aprobó un nuevo código penal que permite castigos físicos a mujeres y las trata como “propiedad” de sus maridos, normalizando la violencia doméstica y profundizando la desigualdad de género en Afganistán.
POR REDACCIÓN
El nuevo código penal promovido por los talibanes convierte la violencia contra mujeres en una práctica tolerada bajo el marco legal, siempre que no deje daños físicos visibles, como huesos fracturados u heridas abiertas.
Según organizaciones de derechos humanos y medios internacionales, la norma reduce a madres, esposas e hijas a la condición de objetos sujetos a la autoridad del marido o “amo”, y otorga mayor protección legal a otras formas de violencia no relacionadas con género.
Castigos desproporcionados y discriminación
El texto aprobado consta de más de 100 artículos que establecen penas extremadamente leves para agresores en casos de violencia doméstica. Por ejemplo, la pena máxima por fracturar el brazo de una esposa llega a 15 días de prisión, mientras que maltratar un animal puede acarrear varias veces más de condena.
Además, otras disposiciones permiten encarcelar a una mujer hasta tres meses si visita a su familia sin autorización de su marido, lo que limita aún más la autonomía femenina.
ONU y organizaciones internacionales alzan la voz
La Organización de las Naciones Unidas y cuerpos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos criticaron duramente la normativa, describiéndola como un apartheid de género que institucionaliza la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas.
Expertos advierten que la ley no solo legitima malos tratos bajo pretextos religiosos o de “disciplina social”, sino que también priva a las mujeres de mecanismos efectivos de acceso a justicia y protección, especialmente en un sistema sin defensa independiente ni instituciones autónomas.
Situación de las mujeres en Afganistán
Desde la reinstauración del régimen talibán en 2021, las mujeres afganas han enfrentado restricciones crecientes: se les ha negado el acceso a educación secundaria y superior, se les prohibió trabajar fuera del hogar y están sujetas a códigos de vestimenta y movilidad estrictos.
Human Rights Watch y otras organizaciones han señalado que este nuevo código penal profundiza un sistema legal que discrimina por género y limita derechos básicos, dejando a las mujeres sin vías efectivas para denunciar abusos y obtener protección legal.