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Por qué Argentina bajó en el Índice de Percepción de Corrupción 2025
El país cayó del puesto 99 al 104 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una puntuación de 36 sobre 100.
POR REDACCIÓN
Argentina volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El país obtuvo una puntuación de 36 sobre 100, ubicándose en el puesto 104 de 182 países, una posición inferior respecto a la medición anterior, cuando se encontraba en el 99º lugar.
El IPC no mide corrupción real con cifras absolutas, sino la percepción de la corrupción en el sector público según expertos, empresarios y consultores internacionales. Una puntuación baja refleja una percepción extendida de impunidad, falta de transparencia y debilidad en los mecanismos de control estatal.
En el comparativo latinoamericano, Argentina está por debajo de países como Uruguay (puesto 17 con 73 puntos) y Chile (31 con 63 puntos), que exhiben mejores niveles de transparencia. Este rezago coloca a Argentina cerca de naciones con índices similares, lo que genera preocupación por la credibilidad institucional y la confianza en las instituciones públicas.
Expertos e informes consultados destacan que la caída no responde a un único evento, sino a patrones estructurales de debilidad institucional. Entre las causas señaladas están:
Señales de opacidad o menor transparencia en la administración pública.
Percepción de captura del Estado por intereses políticos o económicos.
Tensiones con la prensa y percepciones de una justicia menos autónoma.
Estos factores moldean la percepción de expertos y organismos internacionales sobre el funcionamiento del sistema de rendición de cuentas y la lucha anticorrupción.
La percepción elevada de corrupción no solo afecta la imagen internacional del país, sino que también tiene costos económicos reales: puede desalentar la inversión productiva, elevar el riesgo país y encarecer el acceso al crédito internacional. Además, erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la capacidad del Estado para garantizar transparencia y justicia.
El título de la noticia subraya una crítica recurrente en la discusión pública: la sensación de que, pese a escándalos o denuncias de corrupción, no hay consecuencias claras o reformas sustantivas que modifiquen la percepción ciudadana o internacional. Esta visión se agrava cuando no se perciben avances firmes en agendas legislativas anticorrupción o en la persecución judicial efectiva de casos de alto perfil.