Trump acelera permisos y abre una carrera por la minería en alta mar

El Gobierno de Donald Trump dio un paso decisivo para impulsar la minería en aguas profundas al avanzar con un esquema que acelera la entrega de permisos a empresas interesadas en explotar minerales críticos en fondos marinos internacionales. La iniciativa, que apunta a reforzar la posición estratégica de Estados Unidos frente al dominio chino en este sector, abre un escenario de fuertes cuestionamientos ambientales y legales.

La medida se apoya en una nueva norma de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que sigue a un decreto presidencial firmado por Trump. El objetivo es claro: reducir los tiempos y la complejidad burocrática para autorizar la exploración y eventual explotación de recursos minerales en las profundidades oceánicas.

Un proceso más rápido y centralizado

Según informó el Gobierno estadounidense en un comunicado al que tuvo acceso Reuters, el nuevo marco normativo consolida el proceso de licencias y permisos en una única revisión, más corta y centralizada. De este modo, las autoridades buscan facilitar el desembarco de empresas en una actividad considerada estratégica para el futuro energético y tecnológico.

Bajo esta lógica, el decreto de Trump ordena agilizar los permisos de minería en el marco de la Ley de Recursos de Minerales Duros de los Fondos Marinos de 1980, además de establecer un mecanismo específico para emitir autorizaciones en la Plataforma Continental Exterior de Estados Unidos. La decisión marca un cambio de ritmo en un sector que, hasta ahora, avanzaba con cautela ante la falta de reglas claras a nivel internacional.

Minerales clave para la transición energética

El interés por la minería en aguas profundas se explica por el potencial de los fondos marinos. En zonas del océano Pacífico y en otros puntos del planeta, se cree que existen enormes concentraciones de nódulos polimetálicos: rocas del tamaño de una papa que contienen minerales esenciales como níquel, cobre y cobalto.

Estos materiales son fundamentales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de energía. En un contexto de transición energética global y creciente competencia geopolítica, Estados Unidos busca asegurarse el acceso a estos insumos estratégicos.

En 2024, la minera canadiense The Metals Company dio un paso clave al iniciar el proceso para obtener licencias y permisos de exploración, con la ambición de convertirse en la primera empresa en lograr la aprobación para explotar minerales de aguas profundas. Su avance es observado de cerca por gobiernos, inversores y organizaciones ambientalistas.

Vacíos legales y tensiones internacionales

A pesar del impulso de Washington, el marco regulatorio global sigue siendo incierto. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lleva años debatiendo normas para regular la minería en aguas internacionales.

Sin embargo, esas reglas aún no se han formalizado debido a profundas diferencias entre los países sobre los niveles aceptables de impacto ambiental, como el polvo submarino, el ruido y las alteraciones a los ecosistemas. Estados Unidos, además, no ha ratificado la convención que dio origen a la ISA, lo que le permite avanzar con su propia normativa y acelerar los tiempos.

Cabe recordar que cualquier país puede autorizar la minería en sus aguas territoriales, hasta unas 200 millas náuticas de la costa. En ese marco, varias empresas ya manifestaron interés en explotar áreas bajo jurisdicción estadounidense, alentadas por el nuevo enfoque del Gobierno de Trump.

Impacto ambiental bajo la lupa

La aceleración de permisos no está exenta de polémica. Organizaciones ecologistas advirtieron que las operaciones industriales en el fondo del océano podrían generar daños irreversibles en ecosistemas poco conocidos y altamente frágiles, con riesgos significativos para la biodiversidad marina.

Desde el sector ambiental reclaman una moratoria global hasta que exista mayor evidencia científica sobre los impactos de esta actividad. En contraste, los defensores de la minería en aguas profundas sostienen que permitiría reducir la presión sobre la minería terrestre, frecuentemente rechazada por comunidades locales debido a sus efectos sociales y ambientales.

Mientras tanto, la decisión de Trump parece marcar el inicio de una carrera por los recursos del fondo marino, con Estados Unidos decidido a tomar la delantera antes de que se establezcan reglas globales definitivas. El debate entre desarrollo, soberanía de recursos y protección ambiental promete intensificarse en los próximos meses.