Una mediación será clave para determinar el futuro de uno de los terrenos de Enología

Una nueva instancia administrativa alarga la agonía que tiene la comunidad educativa de la Escuela de Fruticultura y Enología por la recuperación de uno de los terrenos que está en pugna con un particular que está asentado en una de las esquinas del campo productivo, en calle Colombia y Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital.

Este martes a las 10.30, Fiscalía de Estado se sentará en una audiencia de mediación obligatoria con Agustín Miranda, el hombre que alega la posesión veinteañal de una parte del terreno de la institución y por ende busca quedarse con la titularidad del mismo. En esta etapa se buscará que el hombre deponga su actitud teniendo en cuenta que esas tierras pertenecen al dominio público del Estado provincial y por lo tanto gozan de las características de ser improrrogables e imprescriptibles, según fuentes consultadas por DIARIO HUARPE.

Bajo ese parámetro, el organismo que defiende los intereses de la provincia intentará convencer a Miranda de abandonar el lugar, pese a que el particular dice tener un contrato celebrado con la institución que data del año 1965. En realidad no es ese hombre el que figura en ese acuerdo entre partes, sino que fue su suegro Cristóbal García quien lo realizó con el sólo fin de custodiar la producción de uvas moscatel que allí se iban a cultivar.  

Según el abogado de la comunidad educativa, Marcelo Arancibia, si hubo algún contrato en aquellos años con el tiempo el hombre cambió el rumbo del mismo y creó otra situación que no se correspondía con el acuerdo original. Es decir, pasó de un estado de custodia y seguridad a lucrar con esa parte del terreno debido a que instaló en ese lugar una gomería y un lavadero con lo que la familia saca réditos económicos.

La calificación del letrado apuntó a que Miranda es un poseedor de mala fe. Esa declaración surge después de que este particular convocara hace diez días a un agrimensor para que mensurara parte del terreno y lograr extender ese dominio que, según dice, le fue legado por su suegro. Con ello, el hombre se arrogó la facultad de sostener que vivía hace más de 20 años y de acuerdo a su creencia estaba en el derecho de reclamar esa condición administrativa.

Si bien en ese momento Sergio Montero, director de la escuela, dijo que lo que hacía Miranda era ilegal dentro un reclamo considerado legítimo para el particular, se iba a proceder con la anulabilidad por parte de la mensura. Eso le iba a corresponder a la Dirección de Catastro, pero se instó a Fiscalía de Estado y al Ministerio de Educación para que acompañaran esa desestimación que bregaba la comunidad educativa.

En la audiencia que se celebrará con Miranda asistirán las partes en conflicto. Lo que se pretende en un primer término es arribar un acuerdo para emplazar al hombre a que desocupe el terreno. No harán valer la figura civil del desalojo, sino que propondrán la reivindicación del dominio público del Estado provincial sobre ese lugar, es decir, buscarán que restituyan la porción del terreno que están ocupando y que figura a nombre de la provincia.