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Con la nueva Ley de Transporte habrá más opciones, menos costos y mayor competitividad
La nueva Ley de Transporte ingresa en la legislatura y busca eliminar el sistema de licencias para taxis y remises, crear un registro abierto de prestadores y reducir costos para los conductores.
San Juan se encamina hacia una transformación integral en su sistema de movilidad una vez promulgada la nueva Ley de Transporte, un proyecto impulsado por el gobernador Marcelo Orrego. La iniciativa, elaborada “desde cero” según destacó la ministra de Gobierno, Laura Palma, en Radio Amanecer, busca modernizar el marco normativo y poner el foco en los usuarios, garantizando un servicio más amplio y competitivo.
Uno de los cambios centrales es la eliminación del sistema de licencias para taxis y remises, reemplazado ahora por un registro de prestadores. “El modelo anterior generaba numerosos problemas por el alquiler y compraventa de licencias”, señaló el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, en declaraciones a Radio Sarmiento.
Palma explicó también en Radio Amanecer que el nuevo sistema de registro permitirá que “cualquier persona que quiera realizar un servicio de transporte pueda registrarse bajo el control de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Con esto vamos a ampliar notablemente la oferta de prestadores”. Con el nuevo esquema, cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos podrá ofrecer el servicio, ampliando así la disponibilidad de vehículos de alquiler.
La ley introduce además beneficios fiscales y una notable reducción de costos para los conductores. Molina precisó que se eliminarán “costos ocultos” como el canon por la licencia o el pago de frecuencia a agencias. En el caso de los taxis y remises tradicionales, se prevé la supresión del derecho de registro, la gratuidad en el control de desinfección y bonificaciones en el pago de patentes. Palma subrayó que la intención es que estos ahorros “se traduzcan en tarifas más competitivas y un mejor servicio para los usuarios”.
En materia de seguridad, todos los prestadores —tanto los identificados como quienes operen mediante aplicaciones— deberán contar con carnet profesional, vehículos con antigüedad permitida y seguros específicos que cubran a los pasajeros. El Estado mantendrá un control riguroso y habilitará un registro digital público para que los usuarios puedan verificar la autorización de los vehículos y calificar el servicio.
Respecto de las tarifas, el esquema también cambia: en el sector no regular pasarán de ser reguladas a orientativas, permitiendo que los precios se pacten entre prestadores y usuarios. De este modo, podrán diferenciarse valores según la calidad o antigüedad de los vehículos. Aplicaciones como Uber o Didi, aunque no reguladas directamente, quedarán alcanzadas por la norma con un nivel de responsabilidad solidaria.
El transporte público de pasajeros también tendrá innovaciones: la nueva ley reduce a la mitad la participación máxima de una empresa en el sistema, fomenta la competencia y habilita mecanismos como el leasing para renovar la flota. En paralelo, se abre la posibilidad de incorporar tecnologías de electromovilidad, vehículos híbridos, autónomos y líneas experimentales con energías alternativas.
Por último, la normativa contempla la modernización del transporte de carga con un registro unificado y reglas claras para el sector.