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Una histórica empresa láctea quebró y dejó sin empleo a 140 personas
Tras más de 75 años de trayectoria, La Suipachense fue declarada en quiebra en noviembre de 2025, agravando la crisis del sector lácteo argentino y afectando a cientos de trabajadores y tamberos en la región bonaerense.
POR REDACCIÓN
En noviembre de 2025, la industria láctea argentina enfrenta una crisis profunda que llevó al cierre y quiebra de empresas emblemáticas, entre ellas La Suipachense, una histórica compañía con más de 75 años de trayectoria en la producción lechera.
La Suipachense, ubicada en la cuenca lechera bonaerense, fue declarada en quiebra por el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes, afectando directamente a 140 trabajadores que perdieron sus empleos y a 180 tamberos que debieron suspender el suministro de leche cruda, generando un impacto negativo en toda la cadena productiva.
La empresa, administrada desde 2012 por Lácteos Conosur S.A., una sociedad vinculada al grupo Maralac y propiedad del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, acumuló una deuda millonaria que supera los 15.000 millones de pesos en cheques rechazados, según un informe de la Sindicatura fechado el 24 de octubre.
Este informe detalla que la deuda posconcursal por cheques sin fondos alcanza los 8.458 millones de pesos, a los que se suman otros 1.000 millones generados tras la apertura del concurso preventivo. El sindicato ATILRA y la obra social de los empleados reclamaron aportes no realizados por la empresa, que emitió más de 1.000 cheques sin fondos.
La crisis financiera llevó a la paralización total de las actividades durante los últimos tres meses, tras una serie de despidos iniciados en septiembre, cuando se despidió a 9 empleados administrativos y se amenazó con cesantear a otros 60 operarios. Ante la falta de respuestas y salarios impagos, los trabajadores realizaron manifestaciones públicas en defensa de sus empleos.
La Cámara Comercial intimó a Conosur S.A. a presentar un plan de crisis a fines de octubre, pero la empresa nunca cumplió con este requerimiento judicial, lo que selló su destino y precipitó la quiebra decretada por la justicia.
Como medidas inmediatas, el fallo ordenó la clausura de la planta, la entrega de bienes a la sindicatura interviniente y la inhabilitación definitiva de los directivos. Además, el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León, está impedido de salir del país sin autorización judicial y fue requerido para entregar las llaves del establecimiento y accesos digitales.
Las autoridades también instruyeron al Banco Central y a la AFIP a informar sobre los bienes y movimientos financieros de la compañía. La sindicatura procederá a inventariar activos, verificar créditos y gestionar la liquidación para intentar cubrir parte de la abultada deuda.
Este golpe se suma al cierre reciente de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), otra empresa bajo el grupo Maralac que fue declarada en quiebra y dejó sin empleo a 400 trabajadores, profundizando la crisis del sector lácteo nacional.
La caída de estas compañías, que durante décadas abastecieron a miles de familias argentinas, refleja la urgencia de implementar políticas que protejan la producción nacional y el empleo local, frente a un escenario complejo de caída del consumo, aumento de costos y falta de rentabilidad en toda la cadena productiva.
En Suipacha, la economía local sufre el impacto directo del cierre de la planta, que era la principal fuente de empleo y motor económico de la región, mientras las familias de los trabajadores enfrentan una incertidumbre laboral y social sin precedentes.