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La industria electrónica alerta por el aumento del contrabando que afecta empleo y recaudación
El comercio ilegal de productos tecnológicos, como celulares y relojes inteligentes, distorsiona el mercado formal y provoca pérdidas millonarias en impuestos y puestos de trabajo en Argentina.
POR REDACCIÓN
El avance del contrabando en el sector de la electrónica genera una creciente preocupación en Argentina. Productos como teléfonos móviles, relojes inteligentes y diversos accesorios tecnológicos están siendo afectados por la circulación ilegal, lo que provoca distorsiones en el mercado formal, pone en riesgo el empleo y reduce la recaudación fiscal.
Durante 2025, fabricantes, marcas reconocidas y cadenas de retail adoptaron medidas rigurosas para frenar la venta de productos sin respaldo legal. Entre abril y septiembre, se llevaron a cabo 26 allanamientos en Buenos Aires y su Área Metropolitana, con un récord de decomisos que incluyó 750 teléfonos, 230 relojes inteligentes, 330 cargadores, 200 TV Box, además de consolas, tablets, notebooks y otros accesorios.
El valor total de los artículos incautados superó los $1.250 millones, reflejando el impacto económico del contrabando. También se detectó la presencia de dinero en efectivo, tanto en moneda local como en dólares, lo que confirma el movimiento de capital en estas redes clandestinas. Operativos destacados tuvieron lugar en barrios cerrados de alto poder adquisitivo como Nordelta y Hudson, donde se descubrieron depósitos ilegales con dispositivos recién ingresados al país.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advierten que este fenómeno afecta no solo al comercio formal, sino también al empleo registrado y a la recaudación tributaria que financia servicios públicos y políticas industriales. Según la UIA, el contrabando tecnológico sigue siendo una de las principales amenazas para la competencia justa y la sostenibilidad fiscal.
Las fuentes consultadas estiman que uno de cada cuatro teléfonos celulares vendidos en Argentina proviene de rutas ilegales. Este flujo se intensifica en épocas de alta demanda, alcanzando entre 30.000 y 40.000 dispositivos semanales. La problemática no se limita a los teléfonos, sino que abarca todo el espectro de la electrónica portátil.
Las pérdidas fiscales derivadas de este comercio ilegal son alarmantes: solo en 2024, la evasión vinculada al contrabando tecnológico superó los USD 400 millones. Este cálculo incluye impuestos no pagados y recortes en los aportes a la seguridad social, dos factores que comprometen la financiación estatal y la formalización laboral.
El circuito ilegal se vale de la facilidad que ofrecen las plataformas digitales para comercializar masivamente productos no homologados. Los fabricantes y los comercios legítimos vigilan de cerca estos sitios, detectando ofertas sospechosas con precios que los canales formales no pueden igualar. Las denuncias contra vendedores anónimos facilitan investigaciones judiciales y la baja de publicaciones, aunque el monitoreo enfrenta constantes intentos de camuflaje y reemplazo de anuncios.
“De cara al Black Friday, las empresas del sector ya están monitoreando activamente las principales plataformas de venta online para identificar publicaciones sospechosas y denunciar a los vendedores que operan con productos de contrabando o sin la debida homologación, reforzando así su aporte a la transparencia del mercado y a la protección del consumidor”, señalaron las fuentes oficiales.
Uno de los avances recientes destacados por fuentes corporativas es la colaboración sostenida entre empresas, cámaras sectoriales y organismos estatales. Las compañías tecnológicas desarrollaron sistemas de alerta temprana y comparten información clave sobre patrones de importación, logística y rutas utilizadas por distribuidores ilegales. Esta articulación fortalece la convicción del sector privado para seguir robusteciendo los canales formales y proteger a los consumidores.
En el mercado formal, el contrabando genera distorsiones en los precios y reduce los márgenes de ganancia, lo que impacta directamente en la estabilidad laboral y salarial. Además, la venta ilegal de notebooks, TV Box y accesorios limita el desarrollo tecnológico y el financiamiento de la innovación local. Estos datos exigen respuestas integrales que incluyan mayor control aduanero, seguimiento logístico y fiscalización digital oficial.
La preocupación del sector también se centra en la pérdida de valor de marca, especialmente cuando circulan productos que no cumplen con normativas de calidad y seguridad. Las empresas advierten que adquirir artículos fuera del circuito formal implica riesgos para los usuarios, desde fallas en el funcionamiento hasta la ausencia de garantía oficial.
El sector privado reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para fortalecer controles y concientizar sobre los daños del comercio ilegal, que perjudica tanto a la industria nacional como a los consumidores. En la antesala del Black Friday, las medidas de vigilancia y denuncia en plataformas digitales se intensifican, buscando garantizar un mercado más transparente y seguro.