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Caucete: concejales sancionados preparan denuncias penales
Tras la suspensión por 30 días que decidió el oficialismo de Caucete en detrimento de Emanuel Castro y Ramiro Fernández, los ediles preparan una contraofensiva judicial.
Por Marcos Ponce
La crisis institucional en el Concejo Deliberante de Caucete escaló un peldaño más luego de la suspensión por 30 días de los concejales opositores Emanuel Castro y Ramiro Fernández. La medida, impulsada y aprobada por el oficialismo tras una moción presentada por el presidente del cuerpo, José Luis Giménez, derivó ahora en una dura respuesta política y judicial por parte de los ediles desplazados.
Castro confirmó a DIARIO HUARPE que la oposición ya trabaja contrarreloj en una presentación judicial para las próximas horas. “Estamos en el armado de la presentación judicial del espacio. Vamos a presentar la nulidad de la suspensión, que es totalmente inconstitucional y no cumple con el paso a paso que establece el reglamento interno del Concejo Deliberante”, aseguró.
El concejal también cuestionó el accionar de Giménez durante la sesión en la que se dispuso la sanción. Según su versión, la conducción del cuerpo impidió que se votara correctamente la medida, un punto que será incluido en el expediente judicial. “El accionar del presidente del Concejo que no permitió la votación sobre esta suspensión es una muestra del exceso de atribuciones”, afirmó.
Además de pedir la nulidad del proceso, los ediles opositores anticiparon que el conflicto migrará al ámbito penal. “Seguramente habrá una denuncia contra Giménez por mal desempeño y exceso de atribuciones en sus funciones, por no cumplir con la Carta Orgánica”, adelantó Castro.
La presentación será encabezada por él y por Ramiro Fernández, los dos concejales afectados por la sanción. Ambos apuntan a que la actuación del titular del cuerpo vulneró garantías constitucionales y procedimientos reglamentarios que deberían haberse respetado en una instancia disciplinaria de esta magnitud.
El origen del conflicto: una denuncia por coerción y recortes salariales
El pasado jueves, el Concejo Deliberante de Caucete aprobó la sanción luego de que Cristina García, secretaria del bloque Cambia San Juan, presentara una denuncia penal contra los dos concejales opositores. En su acusación, García afirmó haber sido obligada desde diciembre de 2023 a entregar el 50% de su salario mediante transferencias bancarias y operaciones digitales para mantener su puesto.
La mujer también sostuvo que uno de los ediles habría ejercido presiones en su propio domicilio y que una nota presentada en abril ante el Concejo fue firmada bajo coerción. Con estos antecedentes, la causa quedó radicada en la UFI Delitos Especiales, que ya investiga los movimientos bancarios y los testimonios involucrados.
La sesión en la que se ejecutó la suspensión fue un reflejo de la tensión política que atraviesa el departamento. Luego de presentar la denuncia, Giménez comunicó formalmente la sanción a Castro y Fernández y les solicitó retirarse del recinto. Ambos se negaron a acatar la orden, lo que generó un cruce directo con el presidente del cuerpo.
Frente al desacato, Giménez advirtió que levantaría la sesión si los concejales sancionados permanecían en sus bancas. La discusión y el clima de confrontación se trasladaron rápidamente a la esfera política, donde el oficialismo respaldó la medida y la oposición la calificó de persecución institucional.
Con un expediente penal en marcha, una denuncia en preparación y una disputa política que no da señales de relajarse, el Concejo Deliberante de Caucete enfrenta uno de sus momentos más críticos en los últimos años. La presentación judicial de Castro y Fernández podría abrir un nuevo capítulo de esta crisis, que ya impacta en la gobernabilidad del departamento y proyecta un escenario de mayor confrontación en los próximos días.