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Economía > Medidas

El Gobierno lanza la privatización de cuatro represas hidroeléctricas en la Patagonia

Se inició el concurso público para la venta de las acciones de las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, una de las privatizaciones más importantes del programa oficial.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Las represas habían sido recuperadas por el Estado nacional en abril de 2024. Foto: Gentileza

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la privatización de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la región patagónica, al publicar una resolución que modifica el pliego de condiciones para el concurso público nacional e internacional destinado a la venta de las acciones de las empresas encargadas de operar estos complejos.

Estas compañías, cuyo capital está constituido en un 98% por ENARSA y un 2% por Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), serán vendidas antes de finalizar el año, completando así una de las privatizaciones más relevantes dentro del plan oficial del Ejecutivo.

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El proceso fue formalmente autorizado a través del decreto 590/2025, que faculta al Ministerio de Economía a definir las pautas del concurso, incluyendo el esquema de remuneración para los futuros concesionarios. Previamente, en agosto de este año, el Ministerio lanzó la convocatoria, aprobó el pliego de condiciones y habilitó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para realizar aclaraciones y modificaciones en respuesta a las consultas de los interesados.

Las represas habían sido recuperadas por el Estado nacional en abril de 2024, cuando vencieron las concesiones otorgadas a firmas privadas desde la década del 90. Desde entonces, el Gobierno se enfocó en asegurar la continuidad operativa de los complejos y en diseñar un nuevo modelo de administración.

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En ese marco, en agosto de 2024 se dictó el decreto 718, que otorgó nuevas concesiones a las sociedades conformadas por ENARSA y NASA, las cuales serán transferidas a los adjudicatarios una vez finalizado el proceso licitatorio.

Con esta iniciativa, la administración nacional busca concretar una de las privatizaciones de mayor impacto en el sector energético, apostando a un esquema que combine la continuidad operativa y la participación privada en la gestión de estos recursos estratégicos.

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