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Conflicto en Lustramax: despidos, toma de fábrica y orden de desalojo en pleno debate por la Reforma Laboral
La dirección de la pyme denuncia una toma ilegal y amenazas, mientras los empleados exigen el cumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral provincial.
POR REDACCIÓN
Un conflicto laboral en la empresa Lustramax, dedicada a la distribución de artículos de limpieza y papelería, ha derivado en un enfrentamiento jurídico y mediático que refleja tensiones propias del actual debate por la Reforma Laboral. Los hechos se desarrollan en la planta ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.
El punto de partida fue el despido de al menos 15 empleados, entre los que se encontraban delegados gremiales. La empresa fundamentó la medida en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), alegando una situación económica complicada que exigía una reestructuración para preservar alrededor de 200 puestos de trabajo restantes.
La intervención del Ministerio de Trabajo y la respuesta empresarial
Ante la protesta de los trabajadores afectados, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires emitió una conciliación obligatoria. Dicha resolución administrativa ordenó la reincorporación inmediata de los empleados despedidos y dispuso retrotraer la situación laboral al estado previo al inicio del conflicto.
La dirección de Lustramax rechazó acatar la conciliación obligatoria. En declaraciones públicas, el representante legal de la empresa argumentó que los despidos se realizaron dentro del marco legal y denunció que algunos de los trabajadores desvinculados habían incurrido en conductas de amenaza y extorsión, lo que habría motivado la presentación de denuncias penales en su contra.
Escalada del conflicto: toma, cortes y orden de desalojo
Frente a la negativa de la empresa a cumplir con lo ordenado por la cartera laboral, un grupo de trabajadores inició un estado de asamblea permanente dentro de las instalaciones, lo que fue calificado por la dirección como una "toma" ilegal. Paralelamente, se realizaron dos cortes de tránsito en la Autopista Panamericana a la altura del kilómetro 35, en el partido de Pilar, como medida de protesta.
La empresa, por su parte, recurrió al poder judicial y obtuvo una orden de desalojo para que los trabajadores que se encontraban dentro del predio abandonen el lugar. Esta orden judicial entra en colisión directa con la resolución administrativa del Ministerio de Trabajo que ordenaba la reincorporación.