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El aberrante crimen de Jeremías Monzón aceleró el tratamiento de la baja de imputabilidad
El Gobierno busca capitalizar el impacto del caso para impulsar la polémica baja en la edad de imputabilidad, mientras enfrenta presiones de gobernadores y rumores de cambios en el Ministerio de Justicia.
POR REDACCIÓN
La agenda legislativa de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero parecía clara y acotada: Reforma Laboral, ley de Glaciares, el acuerdo con la Unión Europea y una designación diplomática. Sin embargo, en un giro abrupto, el Gobierno nacional agregó a último momento un tema de alta sensibilidad social y política: la reforma del régimen penal juvenil, que incluye la polémica baja en la edad de imputabilidad.
La pregunta que resonó en los pasillos del Congreso fue inmediata: ¿qué provocó esta urgencia? Según fuentes oficialistas consultadas, la decisión respondió directamente a la presión de un hecho concreto y trágico que conmocionó a la opinión pública: el macabro asesinato de Jeremías Monzón en Santo Tomé, Santa Fe, a fines de diciembre de 2025.
El hecho que cambió los tiempos
El crimen del adolescente, quien fue hallado con más de 20 puñaladas en un galpón, tuvo un componente que agitó el debate sobre la justicia de menores: entre los detenidos como presuntos participantes hay tres menores de edad, dos de ellos de apenas 14 años. A ellos se suma una joven de 16 años, detenida inicialmente, y su madre, recientemente arrestada por una presunta participación necesaria.
"Ya antes de que termine el 2025 estaba claro que la reforma al código penal juvenil iba a debatirse este año. Pero todo se aceleró con el asesinato de Jeremías", explicó una fuente del oficialismo al tanto de la dinámica parlamentaria. El caso, con su crueldad y la juventud de los implicados, generó un impacto político "incómodo" para la Casa Rosada, según admiten en privado, y creó un clima propicio para impulsar el debate.
El Gobierno interpretó que, en este contexto, la oposición tendría mayores dificultades para oponerse abiertamente a la discusión o para esgrimir argumentos garantistas. "Difícil que la oposición se niegue al debate o aparezcan los garantistas de Zaffaroni en este contexto", resumió un legislador oficialista, evocando además el antecedente del caso Blumberg en 2004, que forzó al entonces gobierno kirchnerista a endurecer propuestas penales.
Más allá del caso: presión provincial y agenda interna
Si bien el crimen de Santa Fe actuó como catalizador inmediato, analistas políticos sugieren que la decisión también responde a una presión sostenida de varios gobernadores, quienes reclaman herramientas más firmes para combatir la delincuencia juvenil en sus provincias. Paradójicamente, Santa Fe había sido exhibida por el Gobierno como un ejemplo de mejora en seguridad, particularmente en la lucha contra el narcocrimen en Rosario.
La estrategia oficial parece ser la de aprovechar la ventana de oportunidad que abre un hecho de notoria repercusión para avanzar en una reforma que ya estaba en los planes. En la Rosada son conscientes de que, en materia de leyes emblemáticas, el contexto emocional y mediático puede ser un aliado crucial para destrabar resistencias.
Un ministerio en la mira y el resto de la agenda
La aceleración de la reforma penal juvenil eclipsa, pero no elimina, los otros debates pendientes. Sobre la Reforma Laboral (o "de modernización"), el Gobierno mantiene un cauteloso optimismo, aunque reconoce que el principal escollo sigue siendo el impacto fiscal en las provincias debido a las rebajas impositivas para empresas. La estrategia comunicativa ya se prepara para celebrar una aprobación parcial como una victoria.
Mientras se debate esta agenda urgente, en los círculos íntimos del poder persisten los rumores sobre un posible cambio en el Ministerio de Justicia. Si bien a fines de 2025 se descartó la salida de Mariano Cúneo Libarona por falta de un reemplazo confiable, versiones indican que figuras cercanas a Santiago Caputo, como el secretario de Justicia Sebastián Amerio, continúan presionando por una renovación en la cartera. Nombres como Manuel Vidal o el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, son mencionados en susurros, aunque los involucrados han negado o evadido los rumores.