En una votación trascendental que se extendió hasta pasada la medianoche, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a las redes sociales para todos los menores de 15 años. La iniciativa, impulsada directamente por el presidente Emmanuel Macron, también consolida la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos de educación secundaria. El objetivo declarado del gobierno es que estas medidas entren en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del próximo año escolar.
La cámara baja francesa respaldó el texto con 130 votos a favor y 21 en contra, tras un intenso debate parlamentario. El proyecto, tramitado por procedimiento de urgencia, deberá ahora obtener la aprobación del Senado para convertirse en ley, un trámite que el oficialismo espera concretar para cumplir con el cronograma propuesto.
El argumento: proteger el cerebro y la salud mental de los menores
El debate en el hemiciclo estuvo marcado por argumentos centrados en la protección de la salud mental de los adolescentes. Laure Miller, diputada oficialista e impulsora de la iniciativa, fue contundente al afirmar que "no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo por sí solo". En su intervención, alertó sobre los algoritmos de plataformas como TikTok que, según denunció, conducen a los menores hacia contenidos peligrosos vinculados a tendencias suicidas y de automutilación.
"Prometía incentivar la creatividad y la alegría y ha sucedido todo lo contrario", sostuvo Miller, citando estudios científicos que indican que, a causa de las redes sociales, los menores "duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más".
El ministro de Educación, Edouard Geffray, celebró la extensión de la prohibición de teléfonos a los institutos, recordando los "efectos positivos" que tuvo una medida similar aplicada en 2018 para los niveles primarios. Lamentó que una gran parte de los jóvenes "pasen más tiempo semanal viendo pantallas que en horas lectivas".
La voz crítica: ¿una ley "inaplicable"?
La principal oposición provino de la izquierda. La Francia Insumisa presentó una moción de inadmisión, calificando la prohibición de "inaplicable" y sosteniendo que "no cambia nada". El diputado Louis Boyard, de 25 años, cuestionó la eficacia de los sistemas de verificación de edad, señalando que en países como Australia los menores pueden eludirlos fácilmente, ya sea con la ayuda de un adulto que se preste al reconocimiento facial o maquillándose para aparentar mayor edad.
Un impulso presidencial con base científica
El proyecto responde a una firme iniciativa del presidente Macron, quien ha enmarcado la medida como una batalla por la soberanía cognitiva de los jóvenes franceses. "Porque el cerebro de nuestros hijos no está en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas", afirmó el mandatario en la red social X tras la aprobación.
El gobierno fundamenta la ley en informes sanitarios alarmantes, como el publicado a comienzos de año por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES). Dicho informe señaló que plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram perjudican gravemente la salud mental de los adolescentes, fomentando la comparación constante, la exposición a contenidos violentos, alteraciones del sueño y el ciberacoso.
El desafío legal y comunitario
Un aspecto crucial será la compatibilidad de la futura ley con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. En 2023, una iniciativa francesa similar que buscaba fijar la "mayoría digital" en los 15 años no pudo aplicarse precisamente por choques con este marco normativo comunitario. El gobierno francés asegura que esta vez el texto se ha elaborado ajustándose a dicha regulación para evitar un nuevo bloqueo.
Con esta decisión, Francia se posiciona a la vanguardia de la regulación digital infantil en Europa, abriendo un debate global sobre los límites de la exposición de los menores al mundo digital y la responsabilidad de los estados frente al poder de las grandes plataformas tecnológicas. El camino final dependerá ahora del Senado y, posteriormente, de la capacidad del estado para implementar una prohibición de escala nacional.