Política > Protocolo oficial
Mendoza intervendrá las propiedades abandonadas o usurpadas
La herramienta, impulsada por el Ministerio de Seguridad, permite clausurar, tapiar o incluso demoler inmuebles que sean focos delictivos, sin necesidad de afectar la propiedad. Busca una respuesta ágil ante un problema que erosiona la seguridad vecinal.
POR REDACCIÓN
En una medida orientada a fortalecer la prevención del delito en el ámbito urbano, el Gobierno de Mendoza oficializó este martes un nuevo protocolo que habilita al Estado a intervenir de manera rápida y administrativa en propiedades abandonadas, usurpadas o en notorio deterioro que sean focos de inseguridad. La herramienta busca ofrecer una respuesta ágil ante un problema recurrente que afecta la convivencia vecinal.
La Resolución 5425, publicada en el Boletín Oficial, aprueba el "Protocolo para la intervención preventiva administrativa sobre inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana". El instrumento fue impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, liderado por Mercedes Rus, y permitirá ordenar medidas como el tapeo de accesos, clausuras parciales o incluso demoliciones preventivas en inmuebles identificados como riesgosos.
Acción sin afectar la propiedad
Un punto clave del protocolo es que estas intervenciones administrativas no modifican la titularidad registral de los bienes. Es decir, el Estado puede actuar para neutralizar un riesgo concreto —como un galpón usurpado que funciona como "aguantadero" o una casa abandonada utilizada para la venta de drogas— sin iniciar un proceso expropiatorio ni transferir el dominio. La medida se fundamenta en el poder de policía del Estado para preservar el orden y la seguridad pública.
Según se detalla en los considerandos de la norma, las autoridades han detectado "numerosos casos" en los que los propietarios legales "han perdido el poder de disponer el uso y goce" de sus inmuebles, los cuales terminan siendo ocupados para actividades ilícitas que impactan directamente en la seguridad del barrio.
Articulación con municipios y enfoque preventivo
La resolución establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia articulará las acciones con los municipios, para lo cual los invita a celebrar convenios de cooperación. Este marco de trabajo conjunto se basa en la ley provincial que establece a la seguridad pública como una responsabilidad primaria del Estado.
El protocolo argumenta que los inmuebles degradados o sin control "atraen la delincuencia o el desorden", generan oportunidades para hechos ilícitos y contribuyen a la erosión del tejido social. Por ello, el objetivo declarado es habilitar una respuesta estatal ágil, con respaldo legal, que permita reducir riesgos, mejorar el entorno urbano y recuperar espacios públicos para la comunidad.