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Nueva reglamentación: la base de datos genéticos pasa de Justicia a Seguridad
Con el Decreto 709/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo transfirió al Ministerio de Seguridad el control del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
POR REDACCIÓN
El Gobierno oficializó un giro en la política criminal al aprobar la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. El Decreto 709/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, dispone que el Ministerio de Seguridad sea la autoridad de aplicación de la norma, desplazando a la cartera de Justicia, y ordena transferir toda la información existente al nuevo sistema.
Según el texto, la individualización genética constituye “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”. Su uso, destacaron, resulta clave no solo para esclarecer hechos y atribuir responsabilidades, sino también para “la desvinculación de personas ajenas al delito”.
La norma prioriza el ingreso de perfiles de imputados, procesados y condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robos agravados. Las muestras deberán ser ordenadas por un juez y remitidas al Registro en un plazo de cinco días hábiles, junto con la resolución judicial. Si una investigación supera los tres años sin definiciones procesales, o una sentencia desvincula al imputado, el perfil deberá ser eliminado.
En los considerandos, el Ejecutivo enfatizó que el almacenamiento de datos se hará bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de Datos Personales 25.326. Además, la información genética quedará separada de los datos filiatorios y se registrará quiénes acceden al sistema, para garantizar “la trazabilidad y la administración segura de la información”.
Otro punto saliente es la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que coordinará y supervisará la implementación del registro y participará en el concurso para designar a su director. Hasta entonces, el Ejecutivo podrá nombrar un titular interino con formación en genética forense. El concurso deberá aprobarse en un plazo de 120 días hábiles.
El decreto también refuerza la interoperabilidad entre jurisdicciones y el intercambio con registros provinciales, además de exigir que los laboratorios que provean perfiles estén acreditados bajo normas ISO y validados por el Organismo Argentino de Acreditación.
“Readecuar y reforzar el marco normativo vigente” fue la justificación central de la medida, que derogó la reglamentación de 2017. El Gobierno resaltó que busca garantizar “altos estándares de seguridad, confidencialidad, coordinación federal y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica y la transparencia en el manejo de datos sensibles”.
Finalmente, el decreto contempla que las víctimas no sean sometidas a procesos de revictimización y extiende el objeto del registro a la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como a la discriminación de huellas del personal actuante en una escena del crimen.