Con presupuesto propio y nuevo sistema, se reactiva la obra pública en San Juan

Producto de la falta de pagos de certificados por parte del Gobierno nacional, debido a la decisión del presidente Javier Milei de no realizar más construcciones con dinero estatal en el territorio argentino, la obra pública en San Juan se encuentra ralentizada (casi paralizada) desde fines del 2023. Frente a esta situación, el Gobierno provincial trabaja desde que asumió junto con las empresas constructoras con el objetivo de ver la forma de reactivar la actividad. Finalmente, llegaron a un acuerdo: con presupuesto provincial y bajo un sistema acordado por ambas partes, volverán a activar las obras. El objetivo en principio es terminar aquellas que tengan un 80% de avance.

Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) seccional San Juan, comentó que esta decisión se acordó tras muchas reuniones con el Gobierno. En un principio, indicaron que había un presupuesto provincial asignado a la obra pública y que debían ver la manera de reactivar las construcciones.

Tras mucho análisis, se decidió continuar con el sistema de delta. Esto significa que se le añade un porcentaje de dinero al contrato firmado entre las partes. En la mayoría de las obras es del 20%, aunque en otras rozó el 30% de redeterminación.

Si bien en un principio el pedido de las empresas de la construcción era renegociar directamente los contratos, entendieron que esto demoraría demasiado y que de igual manera se continuaría perdiendo frente a la inflación. De allí surgió la idea de generar un nuevo sistema.

En este caso es una mezcla entre un sistema nuevo y viejo, dado que el delta ya se venía haciendo y de hecho fue puesto en práctica desde la aprobación de la Ley de Emergencia en la Obra de Pública, aprobada en 2022 y prorrogada en octubre pasado.

La parte nueva de este método es el Anticipo Financiero Económico (AFE), que será del 30% del contrato. Esto es para que a las empresas no les cueste demasiado volver a reiniciar las obras. Martínez indicó que esto ayudará a las compañías, dado que muchas, lejos de parar las construcciones, solo las ralentizaron y pusieron menos gente a trabajar.

Otra novedad será que, tanto el delta como el AFE, podrán aplicarse para todas las obras, cuestión que antes no era así. Solo estaban destinados a las más grandes.

Después de esto, el Gobierno decidirá qué obras priorizar y comenzar a reactivar. Conforme indicó Martínez, serán aquellas que tengan más de un 80% de avance y que puedan culminarse rápidamente. Esto no significa que también se tengan en cuenta aquellas con importancias sociales, fundamentalmente las viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Este método de trabajo continuará existiendo hasta que el Gobierno nacional comience a mandar algunos fondos para construcciones. Cabe destacar que, si bien aún no hay confirmaciones en este aspecto, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, advirtió que “no se comenzarían nuevas obras”. También hay que tener en cuenta aquellas que son financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el Túnel de Zonda y la Ruta 40 Sur (Autopista San Juan Mendoza).

Dato

Antes del pozo en el que cayó la obra pública, en San Juan había más de 10.000 obreros que vivían de la actividad. Pero luego de que se paralizara, despidieron a más de 3.000 personas.