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UIF detalló la vinculación de 175 sobornos relacionados con Cristina Fernández
La UIF sostuvo ante el TOF 7 que Cristina Kirchner recibió 175 pagos ilegales y describió un sistema de retornos ligado a la obra pública.
POR REDACCIÓN
El Tribunal Oral Federal N°7 avanzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en la causa de los cuadernos, en el marco de la acusación impulsada por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el tramo del expediente conocido como “La Camarita”.
La UIF, conducida por Paul Starc, sostuvo ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli que la expresidenta habría percibido un total de 175 entregas de dinero ilegal, por un monto acumulado de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares.
Según la acusación, una de las firmas con vínculos comerciales con la entonces mandataria realizó 40 pagos de fondos ilícitos que, en conjunto, superaron los 85 millones de pesos.
La UIF planteó que existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios públicos y empresarios, que permitió sostener durante años un sistema de retornos asociado a la adjudicación de contratos de obra pública y servicios estatales.
La exposición sobre la causa cuadernos describió un esquema basado en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. En ese marco, los anticipos financieros oscilaban entre el 10% y el 20% del valor de las obras o, en su defecto, se reemplazaban por montos equivalentes a certificados de obra.
La UIF atribuyó un rol clave al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a quien señaló como uno de los responsables de instrumentar el sistema desde su cartera. Su segundo, José López, habría tenido a su cargo la coordinación operativa, mientras que el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, habría ejecutado el esquema.
El circuito se completaba con la participación del financista Ernesto Clarens, señalado como el recaudador de los fondos. Además, el TOF 7 dio lectura a los cargos vinculados con la aceptación de dádivas.
La querella sostuvo que los pagos ilegales se concretaron en 175 oportunidades y atribuyó responsabilidad como coautores a De Vido, Cristina Fernández de Kirchner, José López y Clarens.
De acuerdo con la acusación, los sobornos se habrían abonado entre enero de 2008 y septiembre de 2010, y luego habrían sido entregados a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, fallecido. Clarens aportó como prueba un archivo de Excel con el detalle de fechas y montos de cada entrega.
Para la UIF, el sistema de recaudación funcionaba de manera “aceitada y piramidal”, con Néstor y Cristina Kirchner como destinatarios finales del dinero ilegal.
El requerimiento destacó que la empresa que más pagos realizó fue JCR S.A., perteneciente a la familia Relats. Según la acusación, esa firma efectuó 40 desembolsos por 85.493.691 pesos entre 2011 y 2013 y, en paralelo, fue beneficiada con 44 obras adjudicadas por Vialidad Nacional por más de 5.294 millones de pesos, en su mayoría otorgadas sin competencia.
También se remarcó el vínculo comercial entre los Kirchner y el Grupo Relats a través del complejo hotelero Los Sauces. En ese punto, el excontador del matrimonio presidencial, Víctor Manzanares, declaró como imputado colaborador y afirmó que el alquiler del hotel fue uno de los principales mecanismos de ingreso para el patrimonio familiar.
Según su testimonio ante la Justicia, el grupo alquiló el complejo durante once años por un canon mensual cercano a los 90 mil dólares, lo que habría generado entre 10 y 11 millones de dólares declarados formalmente.
En el tramo “La Camarita” también se mencionó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, junto a Osvaldo De Sousa, a quienes se les atribuyen cinco pagos ilegales por cerca de 14 millones de pesos, realizados entre 2011 y 2012 a través de la constructora CPC S.A.