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El Gobierno implementará controles para limitar las importaciones de ropa usada por riesgos sanitarios
La nueva regulación exigirá documentación adicional para frenar la entrada masiva de prendas usadas que afecta al sector textil local y presenta peligros para la salud pública.
POR REDACCIÓN
El Gobierno argentino establecerá nuevos controles aduaneros para las importaciones de ropa usada, tras detectarse un aumento exponencial en la llegada de este tipo de mercadería durante 2025. Según una comunicación interna de la Aduana, se exigirá un documento específico denominado AUTO-ROPA-USADA al momento del registro de las destinaciones aduaneras, con el objetivo de evaluar los posibles impactos ambientales y sanitarios asociados.
Esta medida busca limitar fuertemente el ingreso de ropa usada sin llegar a prohibirlo, en un contexto donde la operatoria creció 40 veces en los primeros ocho meses de 2025 en comparación con todo 2024. La regulación afectará a las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90, que corresponden a ropa usada y otros productos semejantes.
Un funcionario con conocimiento del trámite explicó que “es una forma de frenar la escalada sin prohibir las importaciones, que sería algo incómodo para el discurso de este Gobierno en materia de política comercial”. Además, agregó que “lo que vamos a ver hacia adelante es una fuerte caída del volumen porque cuando se ponen este tipo de controles se apunta a trámites que no sean sencillos de completar, sobre todo cuando se evalúa que el producto puede traer aparejados riesgos sanitarios”.
El Ministerio de Salud emitió un informe que advirtió sobre los riesgos sanitarios vinculados a la importación de ropa usada, especialmente para poblaciones vulnerables como bebés, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas. El documento oficial señala que estos riesgos justifican la necesidad de reforzar los controles y exige, además del certificado de desinfección vigente, un formulario adicional para la importación.
La mayoría de la ropa usada que llega a Argentina proviene de Estados Unidos, donde la incineración de estos productos está prohibida por regulaciones ambientales y costos elevados, lo que genera un mercado creciente de prendas usadas comercializadas en fardos de entre 25 y 50 kilos, que luego se venden principalmente a través de redes sociales.
El sector industrial local, que atraviesa una profunda crisis, ha manifestado su preocupación tanto por los riesgos sanitarios como por los daños ambientales que genera la acumulación y descarte de ropa en malas condiciones, similar a lo que sucede en el desierto de Atacama en Chile, donde aproximadamente el 40% de la mercadería importada es descartada.
Según datos del INDEC, en octubre de 2025 las fábricas textiles operaron con solo el 33% de su capacidad instalada, el nivel más bajo de toda la industria. La caída del mercado interno, sumada a una apertura comercial acelerada y condiciones adversas como alta carga impositiva, régimen laboral desfavorable y costos crecientes, ha generado lo que las empresas denominan una “Doble Nelson” para el sector.
Un informe reciente de la Fundación Protejer indica que, desde noviembre de 2023, el sector textil, confecciones, cuero y calzado lideró la destrucción de empleo privado registrado, con una caída del 12% y la pérdida de 14.000 puestos de trabajo. Esta situación ha motivado reclamos formales de cámaras empresariales a la Secretaría de Coordinación de Producción para que revise la problemática.