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Branka Motors ofrece $420 millones para resarcir a 287 damnificados y frenar la causa penal
La oferta fue presentada ante el fiscal Guillermo Heredia y ahora deberá ser analizada por la fiscalía y los querellantes, cuya aceptación será clave para definir si la causa avanza o se suspende.
POR REDACCIÓN
La firma Branka Motors ofreció $420.000.000 para resarcir a los 287 damnificados y cerrar la causa penal que investiga una presunta megaestafa vinculada a la venta de motocicletas en San Juan. La propuesta fue presentada ante el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, y ahora deberá ser evaluada tanto por el Ministerio Público como por los querellantes y denunciantes.
Según trascendió este lunes entre abogados que representan a decenas de clientes, los letrados defensores de los hermanos Alexis Marco y Jonathan Marco, junto a Facundo Banega —señalados como responsables de la firma— formalizaron el ofrecimiento con el objetivo de arribar a un acuerdo de reparación integral. Esto implicaría una conciliación entre las partes y una eventual suspensión de la acción penal, en caso de que el planteo sea aceptado.
El monto global propuesto asciende a $420 millones para distribuir entre los 287 denunciantes que integran actualmente el expediente. No trascendieron detalles sobre la modalidad ni los plazos de pago, aspectos que serán determinantes para que los damnificados acepten o rechacen la oferta. La causa aún no fue formalizada, por lo que el eventual acuerdo podría modificar el rumbo del proceso.
Cómo se originó el conflicto
El caso comenzó a escalar públicamente el 16 de enero de 2026, cuando un episodio policial en el local ubicado en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo puso el conflicto en primer plano. Ese día fue detenido Juan Díaz, acusado de intentar retirar una motocicleta sin autorización. El hombre exhibió un contrato de compra-venta que acreditaba la operación. Si bien esa causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa y luego accedió a una probation, el hecho dejó al descubierto el reclamo de cientos de clientes que aseguraban no haber recibido los rodados ya abonados.
Tres días después, el 19 de enero, el malestar estalló frente al comercio. Decenas de personas se concentraron para exigir la entrega de las motos —algunas pagadas desde hacía meses— o la devolución del dinero. Hubo gritos, incidentes y presencia policial. A partir de entonces comenzaron a multiplicarse las denuncias formales y la investigación pasó a la órbita de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
En paralelo, la Dirección de Defensa al Consumidor aplicó a la firma una multa cercana a los $2.900 millones por incumplimientos en la entrega de las motocicletas. Aunque esa sanción administrativa no implica un resarcimiento directo para los clientes, refuerza el cuadro de presuntas irregularidades detectadas.
El eje en los contratos
Con el avance de la investigación cobraron relevancia los contratos firmados por los compradores, aportados como prueba por la abogada María Filomena Noriega y otros querellantes. En esos documentos se establecía la entrega de la moto en un plazo de hasta 20 días hábiles desde la confirmación del pago. En caso de falta de stock, la empresa se comprometía a entregar un rodado de similares características o a devolver el dinero.
Para los denunciantes, esas cláusulas funcionaban como un “anzuelo”: ofrecían garantías concretas que generaban confianza, pero que —según sostienen— no se cumplieron. Otro punto que complica la situación es que los contratos estaban suscriptos por la “administración” de la empresa, sin identificar a personas físicas responsables, lo que para los investigadores podría configurar un esquema organizado.
La causa acumula actualmente 287 denunciantes y ya se realizaron allanamientos tanto en el local céntrico de Branka Motors como en EMMEBE, otro comercio vinculado a la firma. Mientras tanto, los tres señalados continúan bajo investigación.
La oferta de 420 millones aparece como un intento de desactivar el conflicto y evitar un avance penal que podría derivar en imputaciones formales. Sin embargo, la definición dependerá de si la fiscalía considera viable el acuerdo y, sobre todo, de si los damnificados aceptan la propuesta como reparación suficiente tras semanas de incertidumbre y reclamos públicos.