Economía > Según un informe
Tres provincias argentinas concentran el 70% de los juicios laborales
Pese a bajar siniestros y muertes, la litigiosidad sigue en alza y supera estándares internacionales.
POR REDACCIÓN
La discusión por la reforma laboral volvió a encender el debate en torno al sistema de riesgos del trabajo. Un informe reciente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) reveló que más del 70% de los juicios por accidentes laborales se concentran en apenas tres distritos del país, en un escenario que genera preocupación tanto en el sector empresario como en el ámbito judicial.
Según el relevamiento, durante 2025 ingresaron 134.141 nuevos juicios en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento del 6,4% respecto al año anterior. El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la propia entidad, los siniestros laborales se redujeron un 55% en los últimos años, los fallecimientos descendieron un 80% y la cobertura del sistema se amplió de manera significativa.
Desde la UART señalaron lo que definieron como una “paradoja estructural”: mientras los indicadores de prevención y seguridad mejoran, la litigiosidad crece de forma desproporcionada. En la comparación internacional, el contraste es aún más marcado. Chile registra 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y España 8,5, mientras que en Argentina la cifra asciende a 132,8. Es decir, la tasa local es 2200% mayor que la chilena y 1500% superior a la española.
El análisis provincial profundiza la brecha. Santa Fe encabeza el ranking con 296 juicios cada 10.000 trabajadores. Le siguen Mendoza con 208 y la provincia de Buenos Aires con 159. Más atrás aparecen Córdoba con 127 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 113. De acuerdo al informe, Santa Fe, Mendoza y PBA explican casi tres de cada cuatro litigios por riesgos del trabajo en todo el país.
Especialistas del sector sostienen que uno de los principales focos del problema radica en el sistema de pericias médicas judiciales. La Ley 27.348, sancionada para ordenar y profesionalizar el proceso, aún no se aplica plenamente en la mayoría de las provincias. El esquema vigente, en el que los peritos cobran honorarios en proporción al monto del juicio, valor que ellos mismos determinan, es señalado como un incentivo que distorsiona el sistema.
En medio del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, los números de 2025 reavivan la discusión sobre la necesidad de introducir cambios que reduzcan la litigiosidad y otorguen mayor previsibilidad a un esquema que, según advierten desde el sector, atraviesa un punto crítico.