Política > Investigación federal
El Ministerio de Seguridad denunció al sindicalista Rodolfo Aguiar de ATE
Las declaraciones del secretario general de ATE durante un reportaje fueron consideradas amenazas públicas y pusieron en marcha un proceso judicial federal.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por presuntas amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La acusación fue firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, y radicada ante la justicia federal.
La denuncia se centra en declaraciones públicas de Aguiar en el contexto de la presentación de un proyecto de reforma laboral. En un reportaje, el dirigente sindical afirmó: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”, palabras que el Ministerio de Seguridad consideró como una amenaza pública dirigida a afectar el ejercicio del mandato presidencial.
El escrito judicial detalla que estas expresiones podrían encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. Según el documento, la amplia difusión de los dichos en medios y redes sociales refuerza su carácter público y potencial idoneidad como amenaza.
Fernando Soto argumentó que las declaraciones del líder sindical son “altamente reprochables” y que buscan afectar deliberadamente el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. La denuncia solicita la apertura de un sumario penal y la investigación de la posible comisión de delito de amenaza pública, dejando en manos del Poder Judicial la evaluación de los hechos.
El caso se inscribe en un contexto de alta tensión política y sindical, marcado por el debate sobre la reforma laboral y la responsabilidad de los líderes gremiales en sus declaraciones públicas, así como el alcance de las figuras penales que protegen el funcionamiento de las instituciones democráticas.