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El nuevo Código Penal incluye penas más duras contra "motochorros"
El proyecto de reforma crea agravantes para delitos como robo o lesiones cuando sean cometidos por "motochorros", argumentando que esta modalidad aumenta la vulnerabilidad de las víctimas y el peligro público.
POR REDACCIÓN
El proyecto de reforma integral del Código Penal presentado por el Gobierno nacional incluye una modificación específica dirigida a combatir uno de los delitos que mayor alarma genera en las zonas urbanas: los asaltos cometidos mediante el uso de motovehículos, conocidos coloquialmente como "motochorros". La iniciativa introduce agravantes penales particulares para estas conductas, reconociendo el riesgo extremo que implican tanto para las víctimas como para terceros.
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La nueva figura en el Código
Según el texto del proyecto, se tipificarán de manera precisa las conductas delictivas ejecutadas valiéndose de motocicletas o similares. El enfoque no crea un delito completamente nuevo, sino que establece circunstancias agravantes específicas que se sumarán a las penas de delitos ya existentes, como robo, hurto, lesiones u homicidio, cuando estos sean cometidos bajo esta modalidad.
La fundamentación de la reforma destaca que el uso de la motocicleta no es un mero medio de transporte para el delincuente, sino un elemento que potencia el peligro de la acción. Permite una aproximación silenciosa y rápida a la víctima, facilita la fuga incluso contra el flujo del tránsito y, en muchos casos, es utilizada para generar pánico y vulnerabilidad inmediata en el damnificado, quien a menudo es empujado o arrastrado.
Agravantes y mayor punitividad
Los agravantes propuestos responden a varias características propias de esta modalidad delictiva:
Peligro para la integridad física colectiva: Se considera que los "motochorros" no solo ponen en riesgo a la víctima directa, sino también a peatones y otros conductores, especialmente durante las persecuciones o maniobras evasivas de alta velocidad.
Modalidad que incrementa la vulnerabilidad: El abordaje desde un vehículo en movimiento contra una persona que está caminando, conduciendo o detenida en un semáforo reduce drásticamente cualquier posibilidad de reacción o defensa.
Dificultad para la identificación y captura: El uso de cascos integrales, motos sin patente o con identificaciones falsas obstaculiza la labor investigativa, un factor que el legislador tuvo en cuenta para justificar una respuesta penal más severa.
Objetivos de la medida
Desde el oficialismo, se argumenta que esta modificación persigue tres objetivos principales:
Disuadir: Incrementar sustancialmente las penas asociadas a esta modalidad busca desalentar su utilización por parte de las bandas delictivas.
Proteger: Reconocer jurídicamente el plus de peligrosidad que conllevan estos ataques para ofrecer una mayor protección a los ciudadanos.
Judicializar eficazmente: Brindar a los jueces y fiscales una herramienta legal clara para calificar adecuadamente la gravedad de estos hechos, evitando que queden subsumidos en figuras genéricas que no captan su naturaleza particular.
Contexto y reacciones
La inclusión de este agravante específico se da en el marco de una reforma más amplia que busca endurecer las penas para una amplia gama de delitos y eliminar la excarcelación para condenas menores a tres años.
Organizaciones de seguridad ciudadana han celebrado la medida, señalando que responde a un reclamo histórico de las víctimas y de la sociedad en general, que percibe estos ataques como especialmente traumáticos y violentos. Sin embargo, desde algunos sectores de la doctrina penal se advierte sobre la necesidad de aplicar los agravantes con precisión, asegurando que se cumplan efectivamente los elementos que caracterizan la modalidad y evitando una estigmatización indiscriminada de motociclistas.
El proyecto de ley ahora deberá ser debatido en el Congreso de la Nación, donde se analizará el texto final de estos agravantes y su articulación con el resto del sistema penal.